El informe sobre pesticidas de la UE y Mercosur que está leyendo el campo español

El informe sobre pesticidas de la UE y Mercosur que está leyendo el campo español

Un trabajo de Larissa Mies desvela el "doble rasero" europeo, que prohíbe fitosanitarios en explotaciones internas mientras empresas comunitarias los exportan a Brasil o Argentina

España está presionando a la Unión Europea para intentar reactivar la negociación del acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay). El tratado ha sido negociado durante más de una década y en 2019 quedó listo para su ratificación, pero se ha atascado en la tramitación final, especialmente por la resistencia de países como Francia (con un fuerte 'lobby' del sector agrícola), Austria o Alemania, que ponen en duda el compromiso con la sostenibilidad en los procesos de producción, especialmente de Brasil, y creen que puede dar alas a la desforestación del Amazonas.

El interés español se justifica por razones geoestratégicas, comerciales y políticas. Mercosur representa un mercado de más de 250 millones de habitantes en el que algunas de las principales multinacionales españolas llevan años muy bien posicionadas. Básicamente, el tratado abre las aduanas a los productos agrícolas de países que son potencias mundiales en producción de soja, caña de azúcar, zumo de cítricos o carne, actividades todas ellas intensivas en el uso de la tierra. El espacio empleado para el cultivo de caña de azúcar dentro del Mercosur, por ejemplo, es equivalente al territorio de Portugal, una Irlanda y media y dos Holanda y media. Se abre un abanico de posibilidades a la exportación comunitaria de servicios, manufacturas y otros productos industriales En sentido contrario, se abre un abanico de posibilidades a la exportación comunitaria de servicios, manufacturas y otros productos industriales, incluso agroindustriales.

Pese al ahorro en miles de millones de aranceles que supondrá la apertura (4.000 millones se estima el ahorro solamente para las empresas europeas), el tratado tiene en alerta a una parte importante del campo español. Algunos de los grandes comercializadores hortofrutícolas lo estiman positivo, porque permitirá mejorar las condiciones de importación de productos de temporada aprovechando el ciclo contrario de las estaciones. Pero los productores medianos temen levantar las barreras a países cuyos sistemas de producción tienen garantías distintas a las que la UE exige para las explotaciones interiores.
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En este sentido, está circulando entre algunas organizaciones agrarias un informe elaborado por la geógrafa de la Universidad de Sao Paulo Larissa Mies sobre el "circulo vicioso de los pesticidas" en las relaciones comerciales entre la UE y Mercosur que, cuanto menos, desvela el "doble rasero" comunitario en el enfoque del uso de los fitosanitarios. El trabajo, de 52 páginas, es un encargo de The Left, el grupo izquierdista del Parlamento Europeo en que se integran Unidas Podemos, Die Linke (Alemania) o la izquierda francesa de Jean-Luc Mélenchon. Los postulados de estas formaciones políticas no siempre encajan con los intereses de los sectores agrícolas españoles. Pero, en este caso, el estudio de Mies concluye algo que viene siendo denunciado sistemáticamente por organizaciones agrarias: que países del Mercosur como Brasil están usando plaguicidas prohibidos en Europa y que, además, una parte importante de esas sustancias se exporta desde países de la Unión por empresas europeas.

"Actualmente, el 30% de las ventas de pesticidas en todo el mundo lo realizan empresas con sede en la UE (sin incluir Syngenta, que ha sido adquirida por la empresa china ChemChina). Juntas, las principales empresas europeas de este sector vendieron pesticidas por valor de más de 17.000 millones de euros en 2018. Además de ser uno de los líderes del mercado mundial de plaguicidas, la UE exporta a otros países sustancias prohibidas dentro de sus propios territorios, adoptando, por tanto, un doble rasero en su conducta. Dicha conducta, aunque legal, debe considerarse poco ética en el mejor de los casos", escriben la investigadora, que ha recibido presiones en su país por la publicación de un exhaustivo informe sobre el uso de agrotóxicos en Brasil, texto disponible en la web de la FAO.

Solo en 2018, la UE exportó a Mercosur más de 500 millones de euros en plaguicidas, de los cuales, siete millones de kilos eran productos prohibidos en la Unión Europea. "Obviamente, parte de los productos alimenticios que la UE importa del Mercosur llevan residuos de los plaguicidas prohibidos para su uso en la UE o residuos de sustancias permeables en la UE, pero a niveles por encima de los límites", señala Mies, que utiliza fuentes oficiales para su trabajo. Un ejemplo: según se desprende de las inspecciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), del total de 781 muestras, 486 tenían residuos de un plaguicida identificado (dentro de los límites máximos establecidos para la UE), lo que corresponde al 62% de las muestras. No obstante, se encontró que 52 muestras, alrededor del 7% del total, tenían residuos por encima de los límites de la UE.

Oficialmente, todos los productos que entran el perímetro del mercado europeo deben cumplir los mismos requisitos fitosanitarios que los producidos en el interior. Esto es así con acuerdo o sin acuerdo comercial. Sin embargo, el problema no es tanto el nivel de productos contaminados que traspasan las aduanas (pese a que las organizaciones agrícolas denuncian un déficit de recursos en los sistemas de control) cuanto el efecto que algunos de estos pesticidas provocan en el medio ambiente y la salud humana en los lugares de cultivo, razón por la que han sido limitados o prohibidos en Europa. "Solo BASF exportó al Mercosur más de 550.000 kilos de la sustancia fipronil, que estaba prohibida [para uso agrícola] en la UE desde 2009, hace 12 años. Esta sustancia, que se sabe que causa problemas de salud tanto agudos como crónicos en humanos, también se ha relacionado con la muerte generalizada de abejas, lo que significa que representa un riesgo significativo para la biodiversidad mundial, dado que afecta directamente a los insectos polinizadores", detalla Mies en uno de sus ejemplos. Hay más. La empresa Arysta, con cinco plantas en Europa, exportó al Mercosur en 2019 1,2 millones de kilos de iprodiona, una sustancia que causa problemas de salud crónicos. El informe cita a la valenciana Agroquímicos de Levante como exportadora de cloropicrina, un pesticida de uso restringido en Europa.

Cuando se suman los dos juntos, la deforestación y el aumento en el uso de pesticidas, lo que se obtiene es una imagen trágica de la Amazonia Legal brasileña que resume los impactos ambientales y sociales del marco económico que los países miembros del Mercosur han adoptado. Esto es especialmente cierto en el caso de Brasil, cuyo marco económico actual se ha construido en gran parte sobre la base de la expansión de la producción de productos agrícolas", escribe la investigadora. Mies recurre a las bases de datos del Sistema de Salud Unido (SUS) para poner cifras al efecto de estas sustancias sobre la población. "En los últimos 10 años, 56.000 personas han sido envenenadas por pesticidas utilizados en la agricultura brasileña. El país ha experimentado un promedio de 5.687 casos de intoxicaciones por año, lo que equivale a 15 personas intoxicadas por plaguicidas cada día", señala. "1.832 personas han muerto por intoxicación por plaguicidas utilizados en las granjas brasileñas, lo que equivale a un promedio de 183 personas por año, o una muerte por intoxicación por plaguicidas cada dos días".

Las cifras impactan más cuando la estadística alcanza a los más vulnerables. "Entre 2010 y 2019, no menos de 3.750 niños entre cero y 14 años fueron envenenados por pesticidas utilizados en la agricultura local. Esto significa que más de 350 niños sufren intoxicación por plagas cada año en Brasil. Entre los niños envenenados durante este periodo, más de 500 eran bebés. Se informó que un total de 542 bebés entre cero y 12 meses de edad fueron envenenados por pesticidas usados en la agricultura local durante 10 años".

Carles Peris, secretario general de la patronal valenciana Unió de Llauradors i Ramaders, defiende la apertura de fronteras y las relaciones comerciales abiertas, pero advierte de que la UE pretende alcanzar acuerdos pese a que en materia agrícola hay "una falta de reciprocidad en las formas de producción". "La Comisión se defiende diciendo que no pueden entrar productos que excedan los límites de residuos, pero nosotros preferimos hablar de formas de producción. Hay temas ambientales y de afección humana, y lo normal sería que esos estándares fuesen los mismos en los países donde se realiza la producción", añade. "El bloque europeo hoy por hoy tiene la capacidad de conseguir que países terceros produzcan con aquellas exigencias que aplica a los productos europeos en el marco del Green New Deal. Con esos estándares, mejorará dentro y fuera y habrá un equilibrio mundial en las formas de producir, agrícola y animal", explica Peris.

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