El Gobierno de Piñera instruyó la inclusión de las FFAA en el control de sus fronteras con los 3 países para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado.

El Gobierno de Piñera instruyó la inclusión de las FFAA en el control de sus fronteras con los 3 países para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado.

El Gobierno de Piñera instruyó la inclusión de las FFAA en el control de sus fronteras con los 3 países para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado.

El Gobierno de Chile determinó el despliegue  de militares  en la frontera con Bolivia, Perú y Argentina para apoyar en la lucha contra el narcotráfico y el crimen.

Las Fuerzas Armadas apoyarán con tecnología y transporte a la Policía para combatir el narcotráfico y las bandas de crimen organizado que operan en las fronteras, informó  el presidente Sebastián Piñera.

Mediante un decreto, el mandatario instruyó incluir a las Fuerzas Armadas en el control de sus fronteras con Perú (norte), Bolivia (este) y Argentina (este), cuya inhóspita y extensa longitud es aprovechada para el tráfico de drogas en  manos de bandas criminales y, últimamente, el ingreso irregular de migrantes.

Con esta medida se busca “aumentar la fuerza, la eficacia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, con un trabajo colaborativo entre los Carabineros (Policía uniformada) y el apoyo de las Fuerzas Armadas, explicó Piñera.

El documento establece que la colaboración militar se limitará a tareas de vigilancia, de apoyo logístico, transporte y tecnología. El ministro de Defensa, Alberto Espina, estará a cargo de dirigir y controlar el apoyo militar en las zonas fronterizas.

“Esta colaboración va a estar acotada a ciertas funciones en determinados lugares y por un determinado período de tiempo”, aseveró Piñera.

La frontera de Chile con Perú y Bolivia es paso frecuente del tráfico de drogas, pero también de otros delitos como el contrabando de vehículos y ropa, aprovechando el inhóspito y extenso desierto de Atacama, el más árido del mundo.

En los últimos años, una oleada de migrantes de países como Venezuela, Colombia, Haití y República Dominicana ha avivado el ingreso ilegal a territorio chileno por pasos no habilitados, muchos de ellos todavía sembrados con minas antipersonales, instaladas allí durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Unos 1.200 migrantes fueron detenidos intentando ingresar de forma ilegal a Chile en 2017. Durante 2018, unos 300 mil extranjeros se encontraban en situación ilegal en Chile, según datos oficiales.

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