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El Gobierno de Cartes oculta documentos que comprometen al país

El Gobierno de Cartes oculta documentos que comprometen al país

Editorial

“El pueblo quiere saber qué hacen las autoridades en su nombre”, decía el ilustre Mons. Ismael Rolón cuando durante la dictadura se firmaban contratos o acuerdos internacionales que no salían a la luz. El reclamo sigue vigente, porque incluso las autoridades de la “democracia representativa, participativa y pluralista” esconden sus actuaciones. Ahora mismo, nada se sabe de documentos firmados recientemente por los Gobiernos de Paraguay y Argentina en torno a Yacyretá, que nuestras autoridades se empeñan en mantener en el secretismo, pese a que sus consecuencias pueden afectar a los consumidores de la energía de ambos países. Esta falta de información demuestra un profundo desprecio hacia los gobernados, como si el Paraguay perteneciera a los que mandan. Hay que recordarles que pueden crear hechos consumados, pero no impedir que sus fechorías permanezcan ignoradas por siempre. Es de desear que los ciudadanos y las ciudadanas tomen nota para no olvidar a los vendepatria, y que, en el momento que nuestro país tenga una Justicia independiente de los políticos inescrupulosos, se les haga pagar por sus fechorías. Los delitos de lesa patria no prescriben.
En su reciente visita a nuestro país el canciller argentino, Jorge Faurie, afirmó que su Gobierno sigue con “especial atención” el caso de la demanda por unos 900 millones de dólares, promovida a mediados de la década de 1990 por el consorcio Eriday-UTE, que construyó las obras civiles principales de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, entre 1984 y 1997. Desde hace quince años la cuestión se halla estancada en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, porque faltan árbitros para dirimirla. Y bien, ahora resulta que personas afines al presidente argentino Mauricio Macri estarían promoviendo un acuerdo con el consorcio y que este habría aceptado reducir sus pretensiones para al menos asegurar el cobro de una parte de la suma reclamada.

El insistente rumor, del que se hizo eco la prensa, fue desmentido el 23 de febrero último por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en un comunicado en que se leía que no le constaba “ningún acercamiento de representantes de Eriday a las autoridades nacionales de ambos países” y que “no existe ningún arreglo bajo la mesa”. Se advierte que el canciller fue mucho menos categórico ante la consulta periodística que se le hizo en nuestra capital, limitándose a agregar que “estamos haciendo una consideración de este tema”. El arreglo no sería inverosímil, ya que una empresa constructora del padre del Primer Mandatario argentino integró la Unión Transitoria de Empresas (UTE) y que las “comisiones” que podría generar el logro de un acuerdo pueden ser muy tentadoras. Aquí hay mucho dinero en danza y, atendiendo la corrupción imperante en la región, parece aconsejable una prudente desconfianza.

Es innegable la conveniencia de que alguna vez concluya este pleito, aunque más no sea para evitar que se sigan acumulando intereses, por si la EBY fuera condenada a pagar la suma reclamada. El asunto es del mayor interés para los consumidores de ambos países, dado que si tal cosa ocurriera la demandada forzaría un aumento tarifario para cumplir con el fallo. Ellos tienen derecho a saber fehacientemente si existen o no tratativas al respecto, para lo cual es necesario que la EBY ponga todas las cartas sobre la mesa, sin incurrir en las vaguedades del canciller argentino, que no han hecho más que alimentar las nada descabelladas sospechas.

Como es obvio, un posible acuerdo implicaría la admisión de que existe una deuda, la que había sido negada por la entidad demandada. El ministro argentino dijo que “todavía estamos analizando el reclamo”, dando a entender que se podría rever la posición adoptada al respecto desde un principio. De sus dichos se desprende que la pretensión del consorcio Eriday-UTE podría terminar resultando legítima, lo que naturalmente debería alarmar a quienes, en última instancia, habrán de pagar los platos rotos, es decir, los usuarios de Paraguay y Argentina. Pero, más allá de esta eventualidad, lo que importa destacar una vez más es la falta de transparencia, tanto de los manejos de la EBY como de las negociaciones entre los dos Gobiernos en lo relativo a la usina hidroeléctrica. Ni el director ni los consejeros compatriotas se destacan por defender los intereses nacionales y transparentar su gestión, algo que debería ser normal en quienes nada tienen que ocultar si es que no han causado ningún daño al país, ni por acción ni por omisión. Lo mismo cabe decir del canciller Eladio Loizaga, quien, como sus predecesores, prefiere actuar en la oscuridad en un tema –el de las represas binacionales– que nos concierne a todos, porque está en juego nuestra soberanía.

Las conversaciones que condujeron a la deplorable Acta de Entendimiento del 4 de mayo último se caracterizaron, justamente, por su absoluta falta de claridad. Así, no debe sorprender que se haya omitido el pago de la compensación al Paraguay por su territorio inundado, ni que se haya acordado compartir por igual el pago de una deuda ilegal y no auditada, pese a que el vecino país consume casi toda la energía generada. Los negociadores paraguayos, sobre todo, tuvieron buenos motivos para ocultar el desarrollo de las tratativas, pues si sus lineamientos hubieran salido a la luz, la opinión pública nacional habría reaccionado a tiempo para tratar de impedir una nueva renuncia a nuestros legítimos derechos.

De ese mismo secretismo acaban de hacer gala los cancilleres de los dos países, al firmar las notas reversales relativas al ordenamiento económico y financiero de la EBY. Ellas no fueron divulgadas. La Cancillería nacional se limitó a señalar que están basadas en el Acta referida y que el instrumento diplomático será remitido al Congreso recién el año venidero, dado que ambos países están en vísperas de unas elecciones.

Por de pronto, la ciudadanía debe creer que las notas reversales no alteran el contenido del Acta de Entendimiento, tan perjudicial para el país. Las entidades binacionales escapan al control de los organismos estatales y ni qué decir al de la ciudadanía, gracias a la complicidad gubernativa. Hacen lo que se les antoja con los “gastos sociales”, emplean a quienes les dé la gana y se atribuyen salarios siderales, sin rendir cuentas a nadie. Su administración es un verdadero misterio para la opinión pública de los Estados Parte de los respectivos tratados. No habría que extrañarse, pues, de que un día de estos se llegue a una componenda con relación a la supuesta deuda que tiene la EBY con el consorcio de marras ni de que las nuevas notas reversales suscritas se aparten de lo antes convenido.

“El pueblo quiere saber qué hacen las autoridades en su nombre”, decía el ilustre Mons. Ismael Rolón cuando en tiempos de la dictadura se firmaban contratos o acuerdos internacionales que no salían a la luz. El reclamo sigue vigente, porque incluso las autoridades de la “democracia representativa, participativa y pluralista” esconden sus actuaciones. Es evidente que también ellas creen que los gobernados nada importan y que no tienen por qué enterarse de lo que se cocina a sus espaldas. Desprecian profundamente a sus compatriotas, como si el Paraguay perteneciera solo a los que mandan. Hay que recordarles una y otra vez que pueden crear hechos consumados, pero no impedir que sus fechorías permanezcan ignoradas por siempre.

Es de esperar que los ciudadanos y las ciudadanas tomen nota para no olvidar a los vendepatrias, y que, en el momento en que nuestro país tenga una Justicia independiente de los políticos inescrupulosos, se les haga pagar por sus fechorías. Los delitos de lesa patria no prescriben.

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