El gobierno aumenta requisitos económicos para otorgar la residencia permanente a inmigrantes

El gobierno aumenta requisitos económicos para otorgar la residencia permanente a inmigrantes

El Ministerio del Interior modificó el ingreso económico que un extranjero, que no sea ciudadano de un país del Mercosur, debe probar para obtener la regularización de su estadía en Uruguay y la obtención de la cédula de identidad.

El ingreso, que era el equivalente a un salario mínimo nacional —hoy $16.300 mensuales—, pasó a ser desde septiembre el equivalente a una canasta básica individual de $26.800, calculada en base a indicadores económicos publicados por medios especializados.

La decisión correspondió al ministerio porque es ante la Dirección Nacional de Migración que la mayoría de los extranjeros deben realizar el proceso administrativo para obtener la residencia temporaria o permanente en Uruguay. La Cancillería solo gestiona esos trámites cuando son extranjeros nacionales del Mercosur o extranjeros familiares de uruguayos.

Entre los requisitos generales establecidos por la ley de migraciones (Nº 18.250), para obtener la residencia la persona debe presentar ante la Dirección Nacional de Migración sus “medios de vida”. La ley no establece ningún monto, pero el decreto que la reglamenta (Nº 394, de 2009) indica que debe “acreditar en forma fehaciente que sus ingresos le permitan solventar sus gastos en el país”. La cifra estipulada hasta el momento estaba basada en el salario mínimo nacional, pero el Ministerio del Interior entendió que “por sentido común” debía cambiarse ese criterio, ya que el ingreso mensual para poder vivir en el país es mayor a $16.300, dijeron a Búsqueda fuentes de la cartera. Las fuentes añadieron que el nuevo criterio es “laxo”, porque no rechaza de manera automática aquellas solicitudes en las que el interesado no demuestra ingresos mensuales de al menos $26.800.
Desde que se aplica el nuevo criterio se han aceptado residencias a personas cuyos ingresos eran menores a la canasta básica individual, explicaron los informantes.

A nivel general, según el ministerio, la probación de solicitudes de residencias en 2020 se sitúa por encima del 95% de todas las que se presentan, con preponderancia de ciudadanos cubanos, dominicanos y venezolanos. La mayoría de las residencias denegadas por parte de la Migración son porque los aplicantes abandonaron el trámite o porque poseen antecedentes penales, el ítem que el ministerio más controla.

El nuevo criterio establecido por el Ministerio del Interior fue discutido por la Junta Nacional de Migración, el órgano asesor de políticas migratorias del Poder Ejecutivo, formado por Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, Cancillería, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social. Los representantes de estas tres últimas carteras manifestaron que no estaban al tanto de la medida y, en una reunión realizada el jueves 8, encomendaron al Consejo Consultivo Asesor de Migración que elabore un informe sobre las implicancias económicas y sociales que puede generar. Este consejo está integrado por organizaciones civiles especializadas en la materia. “Ahora se va a complicar mucho porque hay miles de solicitudes de refugio pendientes. Y si en lugar de facilitarse los requisitos para las residencias se dificultan, todas esas personas en situación de refugio van a quedar indocumentadas”, señaló a Búsqueda Susana Novaro Oliver, presidenta de la ONG Idas & Vueltas, uno de los miembros del Consejo Consultivo Asesor de Migración.

Las fuentes de Interior señalaron que, más allá de lo conversado en el encuentro del jueves 8, no han recibido ninguna comunicación de otros ministerios y se encuentran “abiertos” a analizar todos los planteos que eventualmente se realicen. Afirmaron que el nuevo monto “para nada disminuye ni limita” la residencia de personas en el país, ya que “no modifica ni ha modificado” la tradición de Uruguay de ser un país históricamente abierto a recibir inmigrantes.

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