El Gobierno argentino pone en cuestión la eficiencia del modelo sanitario por la pandemia

El Gobierno argentino pone en cuestión la eficiencia del modelo sanitario por la pandemia

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reflota la idea de reformar el sistema de salud para integrar servicios públicos y privados

La pandemia ha puesto bajo máxima presión al sistema sanitario argentino. La escasez de camas en terapia intensiva para pacientes de covid-19 ha obligado a una coordinación sin precedentes entre centros públicos y privados, el personal sanitario está exhausto y el costo de los insumos médicos se ha disparado. El pasado febrero, además, el escándalo de un ‘vacunatorio VIP’ contra la covid-19 que funcionaba en el ministerio de Salud visibilizó un problema de desigualdad en el acceso a la atención médica. En este escenario, y con la pandemia en el centro de la agenda mediática, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha reflotado esta semana la necesidad de una reforma sanitaria para integrar uno de los sistemas más fragmentados de América Latina.

En Argentina, la cobertura de la sanidad pública es universal. Cualquier persona que concurre a un centro de salud es atendido de forma gratuita, incluso sin ser residente. Aún así, solo el 36% de la población utiliza el sistema público. La mayoría —el 47%— utiliza las llamadas obras sociales, un sistema que se financia con parte del salario de los empelados en relación de dependencia y está administrado por los sindicatos. Otro 15% de la población paga un seguro privado, conocido como prepaga, ya sea íntegro de su propio bolsillo o abonando la diferencia al aporte que realizan a la obra social.

El refuerzo del sistema de salud público para hacer frente a la pandemia y la campaña de vacunación han supuesto una inversión multimillonaria en un país golpeado por tres años de crisis económica, que en 2020 registró una caída récord del PIB del 9,9%. Según el presidente argentino, Alberto Fernández, se han movilizado recursos por más de 1.700 millones de dólares.

“El sistema se ha integrado a las patadas y a la fuerza, porque lo impuso la realidad”, dijo el lunes pasado Fernández de Kirchner en un acto público. “Las prepagas no tienen dónde colocar a la gente, porque no tienen lugar, porque lo público va a lo privado y lo privado a lo público”, agregó. La vicepresidenta argentina ya había propuesto meses atrás reformar el sistema de salud, pero ahora pidió dejar atrás las divisiones políticas y reabrir el debate ante el riesgo de nuevas pandemias en el futuro que vuelvan a llevar al límite el sistema sanitario: “Lo peor que le puede pasar a una sociedad y a un gobierno es negarse a discutir la realidad”.

A cinco meses de las elecciones legislativas y en medio de la segunda ola por la pandemia de coronavirus, no parece que hubiese margen para encarar una reforma de semejante magnitud. Pero el martes, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó la existencia de reuniones con obras sociales y seguros privados para analizar posibles cambios, mientras que líderes de prestadores de medicina prepaga arremetieron contra el Gobierno. Y hablaron de un plan oculto que solo busca la nacionalización del sistema privado de salud, aquel que atiende al 15% de la población más pudiente.

“La estatización de un sistema puede producirse de hecho o de derecho. En este último caso, las autoridades elevan un proyecto al Congreso, este se debate y se aprueba de cara a la sociedad, y si fuese posible a la luz del día”, dijo en rueda de prensa el presidente la Unión Argentina de Salud y la prestadora privada Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt. “Pero si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero debería desfinanciarlo, ponerlo al límite de su capacidad operativa, arrodillarlo y mantenerlo así hasta que colapse y su capacidad de atención sea deficitaria. Entonces sobre los escombros, las ruinas y la salud de millones de argentinos, se expondría como un relato la excusa perfecta de que debe nacionalizarse bajo el supuesto de que el sistema no está en condiciones de dar respuestas sanitarias”, continuó.

El Gobierno ha autorizado a las empresas de medicina privada un aumento escalonado del 23,5% desde el pasado diciembre, similar a la inflación registrada en el último medio año. Sin embargo, según Belocopitt, los costos se han encarecido mucho más que la inflación general. “Los medicamentos de terapia intensiva desde marzo subieron el 140%”, puso como ejemplo antes de anunciar que irán a la Justicia para poder aplicar mayores subidas a las pactadas. Hoy, un plan familiar de salud promedio (dos adultos y dos niños) oscila entre los 15.000 y los 30.000 pesos mensuales (entre 159 y 320 dólares). Es una cifra imposible de pagar para la mayoría en un país donde el salario mínimo es sólo ligeramente superior: 21.600 pesos. Incluso en Buenos Aires, la ciudad más rica del país, la proporción de personas con seguro privado lleva años en descenso: del 32% de 2015 al 28% de 2020. El diferencial se vuelca al sistema público.

Auge de las desigualdades
Sin embargo, los recursos económicos no son el único obstáculo. Los expertos destacan la gran ineficiencia de un sistema tan atomizado, en el que conviven un sistema público con casi 300 obras sociales y un centenar de empresas de medicina prepaga. Además, la excesiva burocracia desespera a muchos argentinos. “Vemos todos los días que en el sistema de salud la atención que recibe una persona depende de su cobertura médica, de dónde vive, de los recursos que puede movilizar para hacerse atender, de los contactos que tiene y de que sepa cómo y dónde moverse”, dice Matías Ballesteros, doctor en Ciencias Sociales y especialista en sociología de la salud.

“Lo que hizo la pandemia fue visualizar esto y la gente salió a decir que no es justo, como se pudo ver muy claramente con las vacunas y con la disponibilidad de camas en terapia intensiva. Pero pasa también con otros temas, como la falta de insumos básicos. Por ejemplo, está habiendo problemas con la entrega de insulina en los centros de salud primaria”, agrega.

Carlos, quien prefiere no dar su apellido, confirma el problema de distribución de insulina. Tras varios intentos frustrados en el centro de atención primaria, tuvo que salir a comprar ese medicamento esencial para su padre, diabético. Cuenta que también fue clave la mediación “de un contacto en una organización política” para lograr que su padre, quien se atiende a través de la obra social de los jubilados (PAMI), no fuese derivado a un centro con muy mala reputación a 50 kilómetros de su casa, como le ofrecieron en un primer momento, sino a otro mucho mejor en Buenos Aires.

“Las inequidades existentes se agudizaron y se hicieron más visibles”, dice la investigadora Betina Freidin, especializada en salud y desigualdades sociales. En un estudio realizado el año pasado en un barrio vulnerable del conurbano de Buenos Aires detectaron que siete meses después del inicio de la pandemia se mantenía suspendido el servicio regular de odontología que ofrecía a diario el centro de salud y que de los cinco especialistas atendía tan sólo uno los casos urgentes. Ante el aumento de las barreras para acceder a la salud, muchos desisten o van sólo cuando se trata de casos muy urgentes, agrega. Políticos, personal sanitario y expertos en salud coinciden en la necesidad de una reforma del sistema, pero no en cómo hacerla.

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