El expresidente peruano Alan García, acusado de corrupción, coloca a Uruguay entre la espada y la pared al pedir asilo político

El presidente Vázquez es el que tiene ―la última palabra‖

El expresidente peruano Alan García, acusado de corrupción, coloca a Uruguay entre la espada y la pared al pedir asilo político

El huésped no es una persona común sino alguien que fue dos veces presidente del Perú. Alan García Pérez, que desde el sábado permanece como solicitante de asilo en la casa del embajador Carlos Barros en el elegante barrio limeño de San Isidro ocupó el despacho principal del gobierno entre 1985 y 1990 y desde 2006 a 2011.

Los encargados de la comida y otros suministros logísticos de la residencia del embajador uruguayo en Lima deben contar desde el sábado 17 con un nuevo invitado. El huésped no es una persona común sino alguien que fue dos veces presidente del Perú. Alan García Pérez, que desde el sábado permanece como solicitante de asilo en la casa del embajador Carlos Barros en el elegante barrio limeño de San Isidro ocupó el despacho principal del gobierno entre 1985 y 1990 y desde 2006 a 2011.

Una de las interrogantes que se hacen analistas en Montevideo y Lima es si se trató de una decisión de último momento de García luego de que la Justicia dispusiera aplazar una audiencia y el cierre de fronteras por 18 meses después de la aparición de nuevos elementos de prueba en su contra o si de alguna forma ya estaba concertado de antemano con el embajador Barros —un hombre muy allegado al expresidente Julio Sanguinetti—cuando García llegó de forma voluntaria desde Madrid, donde tiene fijada su residencia desde hace años.

Pase a Caja 2

Lo cierto es que las viejas acusaciones de corrupción contra el expresidente, que vienen desde las primeras obras para construir un metro en Lima, cobraron otra fuerza para la opinión pública cuando un informe del portal IDL-Reporteros aportó pruebas de que el expresidente recibió dinero de la llamada ―Caja 2‖ de la constructora brasileña Odebrecht, un dispositivo identificado con el pago de coimas.

―Hay hechos que nadie disputa: El 25 de mayo de 2012, Alan García dio una conferencia en São Paulo, Brasil, para la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp). Recibió 100.000 dólares de pago, que fueron depositados en su cuenta del Banco Continental en Lima. Hasta aquí no hay desacuerdo.

¿Quién pagó por ella? Hasta ahora había dos versiones. La primera provino de Marcelo Odebrecht durante el interrogatorio que el fiscal José Domingo Pérez le hizo en Curitiba el 9 de noviembre de 2017. Ahí, Odebrecht dijo que su compañía había pagado a García por el dictado de conferencias, ―porque es una política de la empresa ayudar a los expresidentes‖. Cuando Pérez Gómez preguntó con cuánto le habían pagado, Marcelo Odebrecht dio la respuesta repetida con frecuencia de mantra en sus interrogatorios sobre asuntos peruanos: ―eso lo sabe Barata‖ (el representante de la constructora en Perú).

Los periodistas de IDL-Reporteros pudieron documentar, a partir de fuentes oficiales de Suiza y Brasil, que la conferencia de 2012 fue pagada por Odebrecht a través de la ―Caja 2‖ de la división de ―operaciones estructuradas‖ de esa corporación encargada del pago de las coimas y otras operaciones financieras clandestinas para ocultar quién financió a García.

En su carta al presidente Tabaré Vázquez para formalizar el pedido de asilo, en cambio, García se presentó como una víctima de persecución.

―En mi país, la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimientos investigatorios, extremando abusivamente sus ilícitas atribuciones‖ argumentó, apelando a una tensa realidad entre los poderes del Estado de Perú.

Sin embargo, a diferencia de las opiniones mayoritarias que existen en Perú desde que varios jueces y fiscales comenzaron a investigar corrupción vinculada con el narcotráfico en el distrito de El Callao, el expresidente se declara inocente.

―Desde que concluí mi segunda presidencia he hecho frente a múltiples acusaciones y a todas he respondido, asistiendo en cuarenta y ocho (48) ocasiones a las fiscalías, a los juzgados, y al Congreso de la República. Ninguna condujo a proceso, pues ninguna evidencia ni prueba se halló. Pero sirvieron para la destrucción sistemática y periodística de mi imagen política‖, escribió.

En una carta abierta que divulgó ayer miércoles, García argumentó que cuando en 2012 dictó las conferencias luego de abandonar el gobierno no se conocían las irregularidades de Odebrecht, las que salieron a la luz en 2016.

La imagen política de García ha descendido a niveles muy bajos como lo prueba el hecho de que la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el partido fundado por Víctor Haya de la Torre del que García fue heredero político tiene una magra representación parlamentaria, apenas cuatro diputados.

Tampoco Keiko Fujimori, que estuvo cerca de alcanzar la presidencia en las últimas elecciones y se ha convertido en aliado del Apra, goza de alta popularidad luego de que tuvo que enfrentar, igual que los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, acusaciones de corrupción.

Quien sí parece lograr respaldo es el presidente Martín Vizcarra. Se trata de un político que llegó al poder sin votos propios, pero que ganó popularidad en los últimos tiempos. Luego de haber sido gobernador de un pequeño departamento, ministro de Obras Públicas de Kuczynski y embajador en Canadá, este ingeniero con imagen de honesto fue convocado a tomar el mando como primer vicepresidente después de que su antecesor fuera llevado a renunciar.

Salida negociada.

Fuentes de la Cancillería uruguaya dijeron a Búsqueda que la salida al conflicto debería ser negociada y que se trata de una cuestión de difícil solución que está más en la órbita política que diplomática.

Los informantes indicaron que el tema tomó de sorpresa al gobierno uruguayo, que estaba dispuesto a conceder el asilo, pero que ahora deberá dejar que se enfríe la situación y negociar para lograr una salida que intente conformar a todas las partes, algo para nada sencillo.

―Es muy difícil que corresponda dar el asilo. Al gobierno le va a ser muy difícil negarle, pero también otorgárselo‖, advirtió a Búsqueda Heber Arbuet Vignale, excatedrático de la Universidad de la República.

Para este especialista hay que tener en cuenta que Uruguay ha sido siempre un firme defensor del asilo diplomático y la tradición de este como una característica del proceso revolucionario independentista latinoamericano.

Arbuet sostuvo que otorgar el asilo ―presupone que en el país en el que está imputado no hay debido proceso legal‖. Por lo que si Uruguay considera que existe independencia judicial, ―no lo puedo amparar‖.

Para el exprofesor, el tema ―está un poco a caballo entre lo jurídico, la protección internacional de los derechos humanos y lo político‖.

Para los diplomáticos uruguayos, explicaron fuentes del Palacio Santos, comienza una etapa de investigación que algunos prevén que será más rápida y otros más lenta para determinar si se dan las condiciones para que García reciba la categoría de asilado político, algo poco probable.

Mientras Barros y el embajador de Perú en Uruguay, Augusto Arzubiaga, han guardado silencio, los políticos de ambos países comenzaron a dar sus opiniones, que en la mayoría no son a favor de otorgar el asilo en este caso.

Uno de los diplomáticos consultados por Búsqueda cree que debería realizarse una negociación secreta para llegar a un acuerdo, porque negar el asilo va contra la tradición uruguaya, pero a su vez concederlo en este caso complicaría las discretas relaciones con Perú y de alguna manera también con Brasil.

En el oficialismo, donde se han escuchado voces críticas al asilo igual que en la oposición, es mayoría la postura de estrechar los lazos con la Alianza del Pacifico a la que se han agregado países importantes como Canadá, Nueva Zelanda y Australia, y en la que Uruguay mantiene una silla de observador.

Otro punto en contra de dar el asilo, evalúan en el oficialismo y el Poder Ejecutivo, es que Uruguay sea visto como un lugar que protege a presuntos corruptos de la región. Hasta el momento las derivaciones del Lava Jato, la megainvestigación sobre coimas inciada en Brasil, alcanzó a exgobernantes de una decena de países de América Latina, pero no de Uruguay. Estudios jurídicos, entidades financieras y sociedades anónimas locales sí son acusadas por jueces de varios países de integrar los esquemas que permitieron mover el dinero de los sobornos, aunque la Justicia local no procesó a nadie.

En su conversación telefónica, el presidente Vizcarra le recordó a Vázquez que en la cumbre de abril pasado los gobiernos latinoamericanos firmaron en Lima una declaración de lucha contra la corrupción.

Vázquez, según los informantes, es quien tiene ―la última palabra‖.

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