El control de la frontera seca por los militares está en un “limbo”

Tras la aprobación de un decreto que no cambió el statu quo, el senador Mieres propone ampliar a la frontera la ley que ampara a las Fuerzas Armadas en la vigilancia perimetral de las cárceles

El control de la frontera seca por los militares está en un “limbo”

Un decreto del Poder Ejecutivo promulgado en enero sobre la vigilancia de la frontera con Brasil, en previsión de actos de terrorismo y otros “delitos transnacionales” y del lento trámite parlamentario de sendos proyectos enviados por el gobierno sobre inteligencia y antiterrorismo, evidencia la ausencia de una política definida acerca del problema, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.

Apenas unos días después del atentado a las Torres Gemelas, el 11 de setiembrede 2001, Uruguay creó la Policía Aérea Nacional, cuya misión es mantener el ordenen los aeropuertos. Esa tarea estaba prevista en la ley orgánica de la Fuerza Aérea, pero recién se organizó en tres compañías, que incluyen un grupo de operaciones especiales y otro de paracaidistas, luego de la conmoción que causaron los ataques en Nueva York y Washington.

En el mar, la Prefectura Nacional Naval tiene asignadas las funciones de policía marítima a cargo de 2.000 kilómetros de jurisdicción. El año pasado, Prefectura capturó 469 kilos de marihuana y 13 kilos de cocaína en procedimientos realizados en Río Branco, Chuy y Fray Bentos, además de realizar varios salvamentos.

Sin embargo, en los más de 400 kilómetros de frontera seca con Brasil, el Ejército, aunque realiza vigilancia, no está amparado para actuar.

Un decreto del Poder Ejecutivo promulgado en enero sobre la vigilancia de la frontera con Brasil, en previsión de actos de terrorismo y otros “delitos transnacionales” y del lento trámite parlamentario de sendos proyectos enviados por el gobierno sobre inteligencia y antiterrorismo, evidencia la ausencia de una política definida acerca del problema, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.

Limbo y G20.

Mientras el senador José Mujica está de acuerdo en dar más potestades al Ejército para controlar una zona determinada de la frontera seca, el presidente Tabaré Vázquez, asesorado por los abogados de la propia fuerza de tierra, optó finalmente por una salida clásica que dejó al Ejército en una posición incómoda y expuesta, porque el decreto no mejora lo que ya existía.

Una fuente del Poder Ejecutivo consultada por Búsqueda explicó que el decreto, tal como salió, no cambia nada y, por el contrario, expone más las carencias que existen, ya que puso en evidencia que mientras la Armada y la Fuerza Aérea tienen bien determinadas sus competencias como auxiliares de la Justicia en las costas y las terminales aéreas respectivamente, la frontera seca sigue en una especie de “limbo”.

Para cambiar esta situación, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, propuso ampliar a una franja de la frontera el artículo 77 de la Ley 17.243, que protege a los funcionarios militares asignados al control perimetral de las cárceles.

Mieres dijo a Búsqueda que su iniciativa es de fácil aplicación, porque solo requiere ampliar a determinada zona el artículo que presume la existencia de causal de justificación de cumplimiento de la ley prevista en el articulo 28 del Código Penal.

La mayoría de los mexicanos, chilenos y argentinos que llegaron este verano a Uruguay para cometer delitos, aprovechando el turismo masivo, no ingresaron ni salieron por la extensa frontera que separa al país de Brasil, donde existen unos 20 pasajes clandestinos.

Sin embargo, el decreto del 8 de enero pasado, que encomendó a las Fuerzas Armadas vigilancia en zonas de frontera mediante patrullajes y “tareas de control y de reconocimiento” para “obtener información necesaria para la defensa nacional”, evidencia una preocupación acerca del problema, alimentada por la presión que ejercen el gobierno argentino y agencias del exterior que reclaman reforzar las medidas de seguridad antes de la próxima reunión del G20, que será a fines de noviembre en Buenos Aires.

Entre los organizadores de la primera cumbre de este tipo que se realiza en América del Sur existe preocupación por la situación de la frontera entre Uruguay y Brasil.

Un informe del Servicio Asesor de Seguridad Exterior estadounidense difundido esta semana y citado por El País, calificó a Montevideo como un lugar de “baja amenaza terrorista para el gobierno de Estados Unidos”, ya que “si bien existe un sentimiento antiamericano en algunos círculos”, este “rara vez, o nunca, toma forma violenta”.

Uruguay es evaluado como país de nivel 1 en materia de seguridad para sus habitantes, es decir, un lugar en el que hay que “tomar las precauciones normales”, aunque el informe advierte que los delincuentes usan las armas si las víctimas se resisten.

El decreto del 8 de enero encomienda a las Fuerzas Armadas “la realización de tareas de vigilancia en apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia, con la finalidad de preservar la soberanía y la independencia del país, previniendo amenazas que afecten la integridad del territorio y sus recursos estratégicos”.

El texto prevé las tareas de vigilancia en las zonas de frontera “con exclusión de los centros poblados”, pero deja al Ejército en una posición de subordinación ante la Policía, ya que, tal como ocurría hasta ahora, trabajarán “en apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia”.

En efecto, el artículo 3° del decreto dispone que “en caso de detectar una presunta irregularidad o ilícito, su actuación se limitará a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad policial u organismo competente según el caso”.

Este texto, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales, deja el problema en una situación “gris” porque los efectivos del Ejército tendrán que optar entre no hacer nada, realizar una “detención ciudadana” o llamar a la Policía o a la Aduana, en caso de detectar una presunta irregularidad, pero para este último caso no siempre es posible contar con respuesta debido a la falta de personal y vehículos adecuados.

Sin embargo, una fuente del oficialismo indicó que además de coordinación,  normas y recursos, se necesita una decisión más clara de controlar la frontera, y destacó que ya existe una ley sobre delitos transnacionales.

El Ejército adquirió hace unos años, con recursos de las misiones de paz, 80 Land Rover Defender 110SW que resultan apropiados para la vigilancia de la frontera seca, pero se queja de falta de presupuesto para combustible. A su vez, el Ministerio de Defensa tiene a estudio la compra de drones, una herramienta de bajo costo que es adecuada para esa tarea.

Verdes y azules.

Al comenzar el segundo mandato en 2015, Vázquez mantuvo en Interior y Defensa a los dos ministros de mayor confianza de Mujica: Eduardo Bonomi y Eleuterio Fernández Huidobro.

El presidente dejó también a su hermano Jorge Vázquez como subsecretario de Interior y al socialista Jorge Menéndez en Defensa.

Cuando en agosto de 2016 falleció Fernández Huidobro, Menéndez pasó a ser el ministro y Vázquez destinó a Daniel Montiel como subsecretario.

Mientras que con la muerte de Fernández Huidobro el Ejército perdía un interlocutor de peso, Interior aprovechó para hacer aprobar algunas medidas que aumentaron su poder relativo, como el registro de armas. En tanto, el Poder Ejecutivo comenzó a hacer andar el pesado proceso para reformar el sistema de retiros militares.

Las Fuerzas Armadas no quieren asumir tareas policiales, pero a su vez la defensa de las fronteras ha sido siempre su responsabilidad, sostienen los militares. De hecho, la Dirección Nacional de Paso de Fronteras está a cargo de Neris Corbo, un general retirado del Ejército.

En Brasil, por ejemplo, el Ejército tiene competencia en una franja de 30 kilómetros a lo largo de la frontera, desde el Chuy hasta Colombia.

En relación con el decreto sobre el control de las fronteras, el diputado blanco Jaime Trobo convocó al ministro Menéndez al Parlamento para que dé explicaciones.

Antiterrorismo.

La coordinación de los Servicios de Inteligencia recomendó al gobierno el año pasado mejorar los controles para evitar que terroristas y delincuentes se camuflen dentro de la creciente ola migratoria que recibe el país, publicó El Observador.

Los servicios también han manifestado preocupación por la ola migratoria de cubanos y venezolanos, e incluso por el hecho de que, sobre todo los primeros, tienen formación militar.

El Poder Ejecutivo promulgó otros dos decretos, además del de enero sobre control fronterizo. En enero pasado se designó al general José Saavedra, jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), como director del Centro Nacional de Coordinación contra el Terrorismo. El nuevo organismo había sido creado en junio de 2017 mediante un decreto que se rotuló como reservado debido a que dispuso algunas medidas operativas al respecto.

A su vez, el proyecto de ley integral antiterrorista, enviado en diciembre de 2016, incluye aspectos polémicos como la legalización del agente encubierto y la incorporación a la legislación nacional de disposiciones de las Naciones Unidas que presentaron dudas a algunos legisladores del oficialismo.

 

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