El caso del joven artesano desaparecido complica la presidencia de Macri

El caso del joven artesano desaparecido complica la presidencia de Macri

La oposición y los organismos de DD.HH. exigen la dimisión de la ministra de Seguridad ante la ausencia de noticias sobre el joven Santiago Maldonado

Cada día que pasa sin noticias del paradero de Santiago Maldonado -el artesano desaparecido hace 35 días tras una operación policial en la Patagonia- aumentan las críticas contra el Gobierno de Mauricio Macri por la falta de respuestas institucionales a un caso que ha movilizado a medio país. La oposición y los organismos de Derechos Humanos exigen la dimisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero el mandatario argentino se resiste a entregar su cabeza. "Estamos trabajando y colaborando con la justicia", dijo anoche escuetamente Macri, abordado por una cámara de televisión. Era su primera declaración sobre el caso. Y hoy se ha vuelto a referir al tema en términos parecidos: "Estoy preocupado y ocupándome de ver todos los días qué novedades hay; otra cosa no se puede hacer, hay que apoyar a la justicia (...) No descartamos ninguna línea (de investigación)", ha comentado al inaugurar unas obras en Buenos Aires.

Para los organismos de Derechos Humanos y la oposición, sin embargo, el Gobierno de Macri está actuando con excesiva lentitud. Maldonado, de 28 años, fue visto por última vez el 1 de agosto en una comunidad mapuche de la provincia patagónica de Chubut. Tras una protesta en la carretera, la Gendarmería (policía militarizada) irrumpió en la comunidad y según varios testimonios de los miembros del grupo mapuche, detuvo a Maldonado y se lo llevó en un vehículo.

Desde entonces han circulado numerosos rumores sobre el paradero de Maldonado. Un alud de teorías -algunas descabelladas- que no se sabe a ciencia cierta dónde se generan. Más allá de la rumorología, la principal hipótesis hasta la fecha es la "desaparición forzada" (así está definido el caso en el expediente judicial), que involucraría a las fuerzas del orden y al Estado. El Gobierno sostenía hasta ayer que el joven pudo haber sido herido en un ataque de un grupo mapuche a un vigilante en una estancia de la compañía Benetton. Pero el análisis de ADN realizado a la sangre que quedó en la ropa del vigilante dio negativo y echó por tierra esa posibilidad.

De forma inesperada, el caso se ha convertido en una grave crisis política de alcances todavía imprevisibles. Hace apenas tres semanas, Macri celebraba el triunfo electoral de su coalición -Cambiemos- en las elecciones primarias legislativas. Ahora, la desaparición de Maldonado acapara la agenda política y mediática del país. Para el Gobierno conservador, el kirchnerismo está tratando de sacar provecho electoral de la crisis. Los reproches contra el Ejecutivo, sin embargo, provienen de todo el arco opositor, desde el peronismo moderado a la izquierda. "El Gobierno ha actuado con mucha frivolidad, ha minimizado el caso y no actúa como debería hacerlo", expresó a un canal de televisión Margarita Stolbizer, una dirigente opositora que no comulga con el kirchnerismo, al que pide no utilizar electoralmente el caso. El ex magistrado Ricardo Gil Lavedra, que participó en los juicios contra la Junta Militar en 1985, lamentó por su parte el "grado de incerteza" que rodea a una investigación que, a su juicio, "tiene una mora inaudita".

La respuesta social a un caso que trae amargos recuerdos en Argentina (durante la última dictadura cívico-militar hubo 30.000 desaparecidos) ha sido mayúscula. El viernes pasado decenas de miles de personas salieron por segunda vez a la calle en Buenos Aires y otras ciudades del país para exigir respuestas y pedir la dimisión de Bullrich. Tras la marcha pacífica que se desarrolló en el centro de la capital, se registraron incidentes provocados por grupos de encapuchados y la policía detuvo a 31 personas. Incomunicados durante 48 horas, los detenidos han denunciado haber recibido un trato vejatorio: "¿Qué quieren? ¿Ser desaparecidos también?", asegura Cristian Vázquez que le dijo una mujer policía al grupo de detenidos en un camión policial cuando les estaban pidiendo la identificación. Vázquez, un técnico informático de 30 años que salía del trabajo cuando se estaban registrando los incidentes en la Plaza de Mayo, fue apresado al grabar la detención de un periodista de un medio alternativo, según el relato que ofreció al periódico "Página 12".

El Ayuntamiento de Buenos Aires, en manos del partido de Macri, ha abierto una investigación interna pero ha defendido la actuación policial. "Detuvieron a la gente al voleo, a todo aquel que filmaba la represión con un celular (móvil)", denunció María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

 

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