El calendario electoral endiablado al que se enfrenta Cataluña tras la decisión de Torra

El calendario electoral endiablado al que se enfrenta Cataluña tras la decisión de Torra

16:44 - La tramitación de los presupuestos y las decisiones judiciales pendientes condicionan la fecha de las elecciones catalanas, que difícilmente serán antes de finales de mayo

El anuncio realizado este miércoles por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, de disolver el Parlament y convocar elecciones una vez aprobados los presupuestos enreda aún más la situación política catalana, que afrontará un calendario diabólico, con escenarios diversos, hasta que el proyecto reciba el beneplácito de la Cámara y se acabe con la interinidad que se vive desde 2017, cuando se aprobaron las últimas cuentas. Las elecciones, según los planes de Torra, no podrán celebrarse antes de finales de mayo, en el mejor de los casos. Estos son los principales factores a tener en cuenta.

Los detalles de la tramitación. El Reglamento del Parlament de Cataluña establece (art. 131) una tramitación específica del proyecto de ley de presupuestos que aprobará este miércoles el Govern, de manera que tiene "preferencia" sobre otros trabajos parlamentarios. Una vez admitido el proyecto por la Mesa del Parlament, se abren dos períodos de enmiendas que empiezan al mismo tiempo: uno de diez días naturales como mínimo para presentar enmiendas a la totalidad y otro de no menos de 20 para presentar enmiendas al articulado y los estados de gastos.

Admitido el proyecto, empezarán las comparecencias de cada consejero en la comisión correspondiente para explicar el contenido de las cuentas. Primero se han de discutir las enmiendas a la totalidad, tanto en comisión como en el pleno. Si prosperan, el proyecto es devuelto al Govern. Si no se aceptan, continúa la tramitación del proyecto de ley. La aritmética parlamentaria, tras el pacto alcanzado entre Junts per Catalunya, Esquerra y los comunes, hace prever que serán rechazadas. Si el pleno da luz verde, se inicia el debate detallado del articulado en la comisión competente. Las enmiendas que sean rechazadas pueden reservarse y volver a llevarse al pleno definitivo, que es donde se discuten los presupuestos antes de la votación final.

Toda esta tramitación parlamentaria se puede acelerar si la Mesa acorta los plazos de convocatoria de las comisiones, pero fácilmente pueden transcurrir tres meses hasta que se produzca la votación final en el pleno definitivo. La ley no entraría en vigor y se demoraría si algún grupo parlamentario lleva el texto al Consejo de Garantías Estatutarias, con lo que los presupuestos podrían no aprobarse definitivamente hasta finales de abril. A partir de entonces, Torra convocaría las elecciones.

Convocatoria de elecciones. Cuando se van a cumplir 40 años de las primeras elecciones autonómicas, Cataluña sigue sin tener una ley electoral propia por la incapacidad de los partidos para aprobarla. Por ese motivo, la convocatoria de elecciones se rige por una ley de ámbito nacional: la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), la misma que se aplica para convocar elecciones generales o municipales. El artículo 42.2 de esa ley establece que "los decretos de convocatoria señalan la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria". Es decir, 54 días después del anuncio de Torra. Si no se aceleran los plazos de tramitación de los presupuestos en el Parlament, la fecha para que los catalanes vayan a las urnas podría ser a finales de junio o primeros de julio. El Estatuto de Autonomía (art. 75) prevé que la convocatoria puede hacerse entre los 40 y 60 días posteriores a publicar el decreto, pero nunca se ha incumplido el plazo de 54 días de la Loreg.

Pendientes del Tribunal Supremo. Quim Torra ha anunciado que será él quien convoque elecciones, pero el Tribunal Supremo se puede interponer en su deseo. El próximo 3 de febrero vence el plazo para que el presidente de la Generalitat interponga el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó a 18 meses de inhabilitación por colocar una pancarta a favor de los políticos presos. Si se confirmara la condena, como parece más que probable, y los jueces actúan con una celeridad impropia en estos casos, Torra dejaría de ser president y el Parlament debería elegir un sustituto, según establece la Ley de la Presidencia de la Generalitat. Mientas tanto, ocuparía el cargo el vicepresidente Pere Aragonès, que podría ser quien acabase firmando el decreto de convocatoria.

Puigemont, Borràs y Mas. El espacio político postconvergente, ahora representado por diversas marcas, es el que está en peores condiciones de afrontar las elecciones por falta de un candidato claro y la posibilidad de que Junts per Catalunya se deshaga en varias candidaturas. La alternativa más posible es Laura Borràs, actual portavoz de esa formación en el Congreso, pero la justicia podría interponerse en su camino si el Tribunal Supremo acepta investigarla por malversación, como ha reclamado la Fiscalía. Artur Mas podría ser otro candidato, pues el próximo 23 de febrero finaliza el cumplimiento de la pena de inhabilitación por organizar la consulta del 9-N. Aunque no ha desvelado qué hará, si ha dejado entrever que la idea de volver a la primera línea política no le entusiasma. Y al fondo, la sombra de Carles Puigdemont, pendiente del suplicatorio ante el Parlamento Europeo, pero el líder más influyente para buena parte de esa formación política.

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