Economista de Cieplan: “No considero conveniente en este momento elevar los impuestos”

Economista de Cieplan: “No considero conveniente en este momento elevar los impuestos”

José Pablo Arellano pone el acento en la ausencia en el debate público de la importancia de la expansión económica: “No hay equidad sin crecimiento”. Subraya que el descrédito de las élites y de las instituciones pavimentó el escenario de crisis social.

Preocupado por la situación de violencia de los últimos meses y el deterioro de gobernabilidad que ha tenido el país se encuentra el exministro y actual investigador de Cieplan, José Pablo Arellano. El economista subraya que “cuando el Estado pierde el monopolio de la fuerza y campea la violencia en la vía pública, en el comercio e incluso hacia las casas, la violencia se privatiza”.

En cuanto a la reforma constitucional, Arellano muestra sus dudas sobre el proceso, ya que afirma que “no es posible construir una casa común en un ambiente de matonaje, de funa, como el que hemos visto en el último tiempo”. No obstante, entrega una señal de optimismo: “Si todos ponemos de nuestra parte se puede lograr un buen marco constitucional que fije un marco que sea efectivo para una buena convivencia y el desarrollo en las próximas décadas”.

Se completaron más de dos meses desde el estallido social. Y si bien el gobierno ha realizado anuncios como la agenda social y el inicio de un cambio constitucional, las manifestaciones continúan. ¿Cuál es su análisis del trasfondo de esta crisis?

 

-Las causas de la actual crisis son variadas y complejas. Sin duda el debilitamiento del crecimiento que el país ha experimentado desde 2014 en adelante ha significado un fuerte quiebre con la experiencia de los treinta años previos. En los últimos 5 años el ingreso por habitante ha crecido en promedio cerca del 1%. En cambio, en los gobiernos de la Concertación el ingreso per cápita crecía al 4%. La pérdida de dinamismo de los últimos 6 años significa que las expectativas de seguir progresando se frustraron. No me cabe duda que ese ha sido uno de los factores detrás de la crisis. Ese menor crecimiento ha significado un freno al progreso que las familias chilenas habían venido experimentando por muchos años.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha enfatizado la necesidad de retomar la senda de crecimiento. ¿A la centroizquierda y a la clase política en general se le olvidó el crecimiento?

-Como país no se le ha dado suficiente importancia en los últimos años. Para muchos parecía que el crecimiento y el progreso eran algo dado y ciertamente no lo son. En el mundo actual, con los rápidos cambios tecnológicos, el que no progresa retrocede, porque pierde competitividad. En el debate de los últimos 60 días, la idea de crecimiento y progreso económico han estado totalmente ausentes. Es indispensable subrayar que un componente esencial de la política social es el crecimiento económico. Es la fuente de generación de empleos y de mejoras en los salarios. Es la fuente de recaudación de ingresos para que el Estado financie más y mejores bienes públicos y programas sociales. No hay equidad sin crecimiento y tampoco hay crecimiento que valga la pena sin equidad.

¿Una mayor preocupación de parte de las autoridades por el crecimiento habría atenuado este estallido social y la salida habría sido más rápida?

-No basta con la preocupación por el crecimiento, hay que producir resultados. En todo caso, este es uno entre varios factores. Cuando hay estancamiento, las inequidades en la distribución se vuelven más odiosas.

¿El país cayó en la trampa de ingresos medios?

-El desarrollo está lleno de trampas que lo hacen muy difícil de lograr si no se consigue una visión de largo plazo tras la cual se persevera. Para el desarrollo no hay atajos fáciles. Por algo en los últimos 60 años solo un puñado de 16 países, de los 182 países en desarrollo, logró convertirse en países de ingresos altos. Ninguno de ellos en América Latina, donde Chile es el que ha llegado más cerca. Peor aún, un número mayor de países cayó en alguna trampa y retrocedió.

La crisis de las instituciones se arrastraba desde hace varios años, sin embargo, al parecer la élite política, económica y empresarial no le puso mucha atención al descrédito que tenían. ¿Es otro de los factores de esta crisis?

-Aparte de las causas económicas que mencioné, agregaría dos más. Una muy grave es el descrédito de las élites y con ello de las instituciones. En muchos países, los políticos gozan de baja popularidad. En nuestro caso, se ha agravado por las denuncias sobre el financiamiento de la política. Se suma el descrédito de empresarios por casos de colusión, de generales de Ejército y Carabineros por el uso en beneficio propio de recursos de su institución. Descrédito de sacerdotes de la Iglesia Católica por abusos sexuales y de conciencia. De pastores evangélicos por uso de dineros de su Iglesia en beneficio propio. Descrédito de dirigentes del fútbol chileno que eran parte de la corrupción de la FIFA. Hay que destacar, eso sí, que estas denuncias son resultado de un sistema que logra identificar a los responsables de conductas abusivas y los sanciona. Otro elemento muy importante en esta crisis es un factor internacional, común a otros países, que obedece al impacto que tienen las redes sociales en la política y en la sociedad. Sin los celulares no sería tan fácil coordinarse para manifestarse y para cometer delitos. Sin las redes sociales habría menos polarización, ya que contaríamos con información común más compartida, no tan segregada y muchas veces falsa que promueve una determinada visión de las cosas.

¿Cómo ha visto el rol del gobierno en general?

-Una de las situaciones más graves durante esta crisis ha sido el deterioro de la gobernabilidad. Cuando la autoridad no es capaz de mantener el orden público se pierde algo esencial para la vida en cualquier sociedad. Cuando el Estado pierde el monopolio de la fuerza y campea la violencia en la vía pública, en el comercio e incluso hacia las casas, la violencia se privatiza. Una sociedad no puede tolerar ese vacío de poder por mucho tiempo. De allí la importancia del acuerdo político del 15 de noviembre que se compromete con el restablecimiento de la paz, el orden público y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente, concordando un itinerario constitucional.

El 26 de abril se realizará el plebiscito constitucional. ¿Cómo proyecta ese proceso?

-Para el plebiscito de abril pienso que van a expresarse cuatro caminos. El de los que promoverán rechazar el cambio constitucional, porque quieren mantener el statu quo. Los que estarán por el rechazo, porque favorecen que los cambios se hagan por reformas a la actual Constitución, sin partir de cero. Los que quieren el cambio constitucional a través de una convención mixta y los que lo quieren a través de una convención electa íntegramente con ese fin. El éxito de cualquier mecanismo de reforma dependerá en una medida importante del clima de deliberación que se cree y de la calidad del debate. No es posible construir una casa común polarizando y descalificando. En un ambiente de matonaje, funas y descalificaciones como el que hemos visto en el último tiempo, no puede haber un proceso constitucional exitoso.

Dentro del debate legislativo ha habido varias iniciativas que irrogan gasto público y que han sido impulsadas por parlamentarios, pese a que saben que no es constitucional. ¿Cómo califica este hecho?

-Me parece gravísimo que ciertos parlamentarios adopten comportamientos contrarios a la normativa constitucional en virtud de la cual fueron elegidos y en la que se basa el ejercicio de sus cargos. Cuando aprueban iniciativas legales para lo cual no tienen facultades, están contribuyendo al deterioro de la gobernabilidad. Los parlamentarios deberían ser ejemplo de respeto a la normativa que comprometieron respetar y en virtud de la cual están en el Congreso. Me parece que algunos de esos parlamentarios desconocen que esas normas constitucionales, que los privan de iniciativa en materia de gastos, de administración del Estado y de seguridad social, fueron progresivamente introducidas en 1925, 1943 y 1970. Esas reformas constitucionales buscaron corregir los graves problemas económicos que acarreaba el uso de la iniciativa parlamentaria en esas materias.

¿Ve, entonces, con estos actos, riesgos de populismo?

-El comportamiento de los parlamentarios que llevan adelante iniciativas constitucionalmente inadmisibles está sembrando el populismo.

De acuerdo a la última estimación de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el déficit estructural llegará al 2% del PIB en 2022 y al 1% en 2024, mientras que el efectivo a 3% en 2022 y 1,9% en 2024. ¿En esta crisis el país también está perdiendo la estabilidad fiscal que tenía?

-Las últimas proyecciones de nuestra situación fiscal debieran ser un llamado de atención a todos los que tienen responsabilidad en esa materia. El déficit del gobierno va a crecer a más del 4,4% del PIB el próximo año. La contrapartida del déficit es mayor endeudamiento. La deuda neta del gobierno ha venido creciendo sostenidamente desde el 2011 y tendrá un incremento muy fuerte de aquí al 2024, retrocediendo a los niveles de deuda que teníamos en 1990. Así, se desandará un camino virtuoso que hicimos en el pasado.

Para cumplir esa meta, el gasto público promedio entre 2021 y 2024 debe crecer un 0,9%, sin considerar los ingresos de la reforma tributaria del 1,2% con la reforma. ¿Es una meta realista?

-Para que se cumplan estas proyecciones, que se traducirán en un fuerte endeudamiento, se requiere de gran responsabilidad, y eso supone no solo las autoridades de Hacienda, sino que el gobierno en su conjunto. Además, los parlamentarios y analistas reconocen que si no mantenemos la disciplina, los mayores gastos sociales no serán sostenibles y, peor aún, vendrán otras consecuencias económicas más negativas.

La deuda pública se acercará al 40%. ¿Es sustentable este nivel sin que al país se le vuelva a rebajar la nota crediticia?

-Si manejamos adecuadamente esta situación y hay señales claras de que se irá reduciendo el déficit fiscal, podemos mantener la actual calificación. En caso contrario, me temo que no, y con ello se encarecerá el costo de los créditos con perjuicios para el gobierno y los contribuyentes, las empresas, sus consumidores y los deudores hipotecarios.

Si bien la recaudación por la reforma tributaria subió a más de US$2.000 millones en régimen, varios parlamentarios ya han señalado que se necesita una nueva iniciativa para allegar recursos permanentes para los nuevos gastos. ¿Es partidario de una nueva reforma, más ambiciosa en recaudación?

-Me parece que una sana política es que gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes. Lo contrario, no es sostenible. Dada la actual debilidad de la economía y sus proyecciones, no considero conveniente en este momento elevar los impuestos. Lo que se necesita es promover la recuperación y el crecimiento económico, lo cual elevará la recaudación.

El gobierno ha señalado que se formará una comisión de expertos para que analice las exenciones. ¿Cuáles son las que se deben acotar o eliminar?

-Me parece conveniente que los impuestos tengan las menores exenciones posibles. Las exenciones y franquicias complejizan el sistema tributario y facilitan la evasión y la elusión. Además, lo hacen menos equitativo. Una revisión de ellas con miras a su reducción y eliminación en el tiempo me parecería positiva.

¿Chile saldrá fortalecido de esta crisis?

-Veo con preocupación la situación de los últimos meses. Me preocupa especialmente la violencia. Mi generación ya sufrió las dramáticas consecuencias de la violencia como arma de la política. Hoy veo que algunos grupos, tal como en el pasado, justifican la violencia para conseguir objetivos políticos, y así fue como terminamos en la peor crisis de nuestra historia. A la violencia política se agrega hoy la narcoviolencia, volviendo aún más compleja la situación. Por otra parte, veo que se abre una oportunidad: si todos ponemos de nuestra parte y hacemos las cosas bien, podríamos lograr un buen marco constitucional que goce de amplio respaldo y fije un marco que sea efectivo para una buena convivencia y el desarrollo en las próximas décadas.

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