Deuda en Argentina: el compromiso es con la ciudadanía, no con los inversores

Deuda en Argentina: el compromiso es con la ciudadanía, no con los inversores

El riesgo de polarizar el debate sobre el endeudamiento es alto, sobre todo porque los mensajes lanzados durante la campaña buscan “fidelizar” un núcleo duro de votantes en lugar de analizar de manera seria los efectos negativos que provoca un aumento exponencial de la deuda.

A veces una sola frase puede desatar un vendaval. Hace un par de semanas María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual candidata a diputada nacional, dijo: “(Alberto) Fernández lleva, en este año y medio, un endeudamiento de 30,000 millones de dólares. Se está endeudando más rápido por año que (el expresidente Mauricio) Macri”. Inmediatamente desde el oficialismo salieron al cruce de esas declaraciones y se instaló un debate impensado en una campaña electoral: la deuda.

Las decisiones financieras de los gobiernos rara vez forman parte del debate público. Son temas ásperos, técnicos y difíciles de explicar. Salvo en Argentina. El país tiene un largo historial de cesación de pagos y de manera recurrente el asunto se convierte en el título principal de los diarios. Pero el debate sobre la deuda tiene una complejidad: es un terreno fértil para el discurso de la antipolítica, porque se convierte en otro aspecto sobre el cual el sistema institucional (“los políticos”) no encuentra soluciones. Esto ha llevado a que las crisis de deuda precedan a las grandes crisis sociales, como sucedió en 2001.

A la polémica iniciada por Vidal luego se sumó Macri, quien ha usado el mismo argumento para distanciar los resultados de su gobierno con la crisis económica actual. Un recorrido por los datos oficiales nos puede presentar respuestas más claras: cuando Macri arrancó su gestión en 2015, la deuda bruta de la Argentina sumaba un total de 240,665 millones de dólares; al finalizar, en 2019, había saltado a 323,065 millones, un aumento de 82,400 millones de dólares en tan solo cuatro años. En comparación con el Producto Bruto Interno (PBI), la expansión fue notable: pasó de 52.6% a 88.8% y esto se debió no solo a que aumentó efectivamente el endeudamiento, sino también a que se achicó la economía. O sea: malas noticias por partida doble. A todo eso hay que sumarle otra dimensión, que es la composición de la deuda; porque si en 2015 el endeudamiento externo de Argentina era de 13.9%, para diciembre de 2019 había saltado a 42.8%. Para decirlo sencillo: más deuda, bajo legislación internacional y en moneda extranjera, con el agregado de una economía que producía menos para pagarla.

El porcentaje de aumento, la velocidad de emisión y la composición de la deuda durante la gestión de Macri no fue lo único negativo. A medida que eso sucedía, se desmantelaron en el país todo tipo de regulaciones macroprudenciales, de las cuales hasta el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo una autocrítica por no haber advertido sobre los riesgos que eso podía llegar a generar. Y ya que entró el FMI en escena: Macri también pidió el mayor crédito de toda la historia del organismo. Un préstamo “político”, según el propio expresidente contó en su libro. A todas luces, el balance de la gestión de Macri en materia de endeudamiento es uno de los peores de sus ya pésimos resultados económicos.

¿Qué pasó, según esos mismos datos, en el gobierno de Alberto Fernández? Desde su asunción hasta el primer trimestre de 2021, la deuda aumentó 12,491 millones de dólares. Por primera vez desde 2004, la deuda pasó a representar, en 2020, más de 100% del PBI (llegó a 102.8%). Es imposible obviar los 10 puntos de caída de la economía que tuvo el país en medio de la pandemia de COVID-19.

Si se mira en detalle, gran parte del endeudamiento de Fernández fue emitido en moneda local bajo legislación argentina, que es una deuda menos riesgosa que deberle a acreedores internacionales en dólares. Pero su estrategia de financiamiento también tiene sus riesgos: gran parte de esa deuda está atada a la evolución de la inflación. El último dato habla de un aumento de los precios de 51.8% en julio respecto del mismo mes en 2020.

En los últimos 20 años, Argentina atravesó tres reestructuraciones de deuda: una en 2005, otra en 2010 y la última en 2020. Las dos primeras buscaron resolver el default al que había caído el país en 2002 y, la última, para estirar los plazos de la deuda contraída entre 2016 y 2018. ¿Cómo se traducen esas negociaciones en la vida de las y los argentinos? La respuesta, como casi todo en economía, es relativa. ¿A qué? A múltiples determinantes: a los interlocutores, los condicionamientos, el contexto local e internacional, las perspectivas. Aunque hay una constante: si bien parecen abstractas y lejanas, las cuestiones financieras tienen un impacto directo en la realidad, porque más deuda significa que el Estado debe direccionar cada vez más recursos al pago de intereses, en detrimento de otras inversiones que podrían volverse más virtuosas para el país. Por ejemplo: más educación e investigación científica tendrá un impacto más positivo en el desarrollo futuro que un abultado cronograma de vencimientos con acreedores privados.

El riesgo de polarizar el debate sobre el endeudamiento es alto, sobre todo porque los mensajes lanzados durante la campaña buscan “fidelizar” un núcleo duro de votantes en lugar de analizar de manera seria los efectos negativos que provoca un aumento exponencial de la deuda. Algunos políticos todavía tienen que entender que el compromiso que asumen es con quienes les eligen para representarles, no con un grupo selecto de inversores financieros que buscan maximizar sus rendimientos.

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