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Comisión Interamericana de DDHH llamó a "abstenerse" de votar proyecto de Manini sobre Caducidad

Comisión Interamericana de DDHH llamó a "abstenerse" de votar proyecto de Manini sobre Caducidad

El organismo internacional "observa con preocupación" que se quieran impedir las investigaciones y eventuales sanciones por violaciones a los derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su "preocupación" por el proyecto de ley que presentaron este martes los senadores de Cabildo Abierto y que prevé derogar la norma interpretativa de la ley de Caducidad de 2011.

La ley de 1986, que intentó derogarse por la vía del plebiscito en dos ocasiones (1989 y 2009), fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2009 y el Estado uruguayo había recibido un fallo condenatorio en 2011 por parte de la CIDH.

Ese año el organismo internacional había dispuesto que Uruguay debía garantizar que la ley de Caducidad no impidiera ni obstaculizara "la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos", y que no volviera a "representar un obstáculo para la investigación de los hechos" cometidos durante la última dictadura militar (1973-1985). Este fallo había sido emitido por la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman, así como de la sustitución de identidad de Macarena Gelman.

Ahora, luego de que los tres senadores de Cabildo Abierto –su líder Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano– firmaran el proyecto junto con la exposición de motivos, la cuenta oficial de Twitter de la CIDH elaboró un hilo reiterando su postura.

"La @CIDH observa con preocupación la presentación de proyecto de ley ante el
Senado de la República, por el cual se propone limitar el procesamiento y sanción
de presuntos responsables por graves violaciones a los #DDHH cometidas durante
la dictadura cívico-militar", dice el primer tuit.

Y recuerda luego que "de ser aprobada (la ley), tal medida podría representar el
incumplimiento de la Sentencia de la @CorteIDH en el caso Gelman sobre la
obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y en su caso, sancionar a
los responsables y adecuar la legislación interna para estos efectos".

Este punto ya fue advertido por algunos constitucionalistas, como Martín Risso y
Daniel Ochs. Este último dijo este miércoles a El Observador que el proyecto de
Cabildo Abierto es "insostenible" desde el punto de vista conceptual, en particular
el artículo que desconoce, precisamente, la sentencia de CIDH.

Risso, por su parte, opinó en diálogo con el programa radial Doble Click que
contradecir a la CIDH en una sentencia es, a su juicio, algo bastante grave.
"Colocaría a Uruguay en una lista chica de países que incumplen sentencias
internacionales; es gravísimo y se afecta prestigio", señaló.

Por tal motivo, en su último tuit el organismo internacional "reitera su llamado a
Uruguay a abstenerse de aprobar iniciativas de esta naturaleza y a fortalecer
esfuerzos para seguir avanzando en la investigación de estos graves crímenes, en
la identificación de sus responsables y en la aplicación de las sanciones
pertinentes".

Los motivos de CA

En la exposición de motivos del proyecto de ley, los legisladores de CA afirman que el "relato" instalado en la sociedad uruguaya "no se condice con la realidad ni se ajusta a la clara existencia de los hechos, al hablar solamente de terrorismo de Estado sin reconocer la existencia de desbordes violentos del movimiento guerrillero".

Los integrantes del partido liderado por el excomandante en jefe del Ejército señalaron que la propuesta busca "sellar definitivamente un pasado de violentos antagonismos‖ con el propósito de lograr una pacificación definitiva que deberá hacerse respetando el "derecho inalienable a la búsqueda de los desaparecidos de los familiares y sucesores de las víctimas de quienes padecieron los comprobados excesos represivos". También señalan que se tendrán que respetar las reparaciones económicas que recibieron las víctimas de "comprobados excesos represivos".

"El derecho penal como instrumento de reparación ha cumplido ya su función retributiva de prevención general y especial y restauradora de la convivencia social", agrega el escrito, que también llama a terminar con una "situación de antagonismo permanente que rechaza la mayoría del pueblo uruguayo".

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