China comete crímenes de lesa humanidad contra los uigures, según Amnistía internacional

China comete crímenes de lesa humanidad contra los uigures, según Amnistía internacional

Amnistía Internacional ha presentado un alarmante informe con nuevos detalles sobre la situación de los uigures y otras minorías étnicas de religión musulmana en China. Según la ONG, los habitantes de la región autónoma de Xinjiang son objeto de tortura, persecuciones y encarcelamientos masivos.

Renegar del islam, abandonar dialectos y prácticas culturales autóctonas, aprender el mandarín y la propaganda del Partido Comunista chino: en torno a estos puntos principales se desarrolla la reeducación impuesta a los habitantes de la región autónoma del Xinjiang, donde viven 24 millones de personas, según el censo de 2018. Al menos 1 millón de ellos, de religión musulmana, habrían sido internados en campos de reeducación donde también se les imponen trabajos forzados, según varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

En este nuevo informe, Amnistía Internacional ha documentado, gracias a decenas de nuevos testimonios, "un paisaje infernal distópico a una escala asombrosa", en palabras de Agnès Callamard, secretaria general de AI. Un infierno que empezó en 2017, con la creación de los primeros centros de "transformación mediante la educación". Desde entonces se han producido miles de detenciones arbitrarias de hombres y mujeres, que han sido internados en decenas de centros.

Según los testimonios recogidos por AI, durante las primeras semanas de reclusión, los detenidos permanecen frecuentemente en una celda sentados o arrodillados sin moverse, en la misma postura, en total silencio, durante la mayor parte del día. Pasado este periodo, se les somete a un adoctrinamiento forzado, para que renieguen del islam, renuncien a hablar en su idioma y, en cambio, estudien el chino mandarín y la propaganda del Partido Comunista.

Entre los métodos utilizados para llevar a cabo este adoctrinamiento está la tortura, las palizas, el maltrato, la privación del sueño y de la comida e incluso la electrocución, según los antiguos detenidos.

La vigilancia de la población del Xinjiang es permanente, ya sea dentro de los campos de reeducación o fuera. Aquellos que consiguen abandonarlos deben someterse a un control "electrónico y personal casi constante".

China desmiente toda acusación de torturas, maltrato o crímenes de lesa humanidad perpetrados contra los uigures y otras minorías musulmanas. Sin embargo las estadísticas oficiales muestran un aumento significativo de las condenas a prisión en la región y gracias a las imágenes satelitales se percibe una importante actividad de construcción de cárceles en la zona desde 2017.

Pekín afirma que estas cárceles son centros de formación profesional destinados a distanciar a la población del terrorismo y del separatismo, tras numerosos atentados perpetrados contra civiles por parte de uigures. Las autoridades chinas aseguran que la situación en Xinjiang es mejor que antes en cuanto a "estabilidad, desarrollo económico y coexistencia entre personas de todas las etnias".

Agnès Callamard llama a China a "desmantelar de inmediato los campos de internamiento, poner en libertad a las personas detenidas arbitrariamente tanto en ellos como en las cárceles y poner fin a los ataques sistemáticos contra la población musulmana en Xinjiang". Para la secretaria general de Amnistía Internacional, es importante que la comunidad internacional "alce su voz". "La ONU debe establecer y enviar urgentemente un mecanismo de investigación independiente para que los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional rindan cuentas", ha señalado.

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