Chile: Subsecretario advirtió dos veces al Segundo Piso sobre efectos de desistirse de Ley Antiterrorista

Los puntos desconocidos de la crisis por la huelga de hambre en Temuco:

Chile: Subsecretario advirtió dos veces al Segundo Piso sobre efectos de desistirse de Ley Antiterrorista

Incluso antes de viajar a Buenos Aires la semana pasada, el subsecretario se preocupó de exteriorizar su rechazo a quitar la calificación de delito terrorista en la querella del Gobierno contra los acusados por el ataque a un templo evangélico, y de hacer notar las consecuencias que ello tendría respecto de su propia permanencia. Esta es la historia de esas horas. Equipo de Reportajes

"La Presidenta tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero yo veré lo que tengo que hacer luego".

El mensaje, desde Buenos Aires, no dejó dudas entre quienes lo conocieron ese viernes: el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, no solo no compartía la decisión del Gobierno de pedir levantar la calificación de delito terrorista para el ataque a un templo evangélico del que estaban acusados cuatro comuneros mapuches en huelga de hambre, sino que estimaba que una resolución así era incompatible con su propia permanencia en el cargo.

El punto es clave para dilucidar la aparente contradicción entre las versiones que se han conocido desde que Aleuy se reuniera el martes pasado con la Presidenta Michelle Bachelet y se anunciara después el inicio de un feriado de 18 días cuyo desenlace es hoy una incógnita. Porque, mientras en el PS y el mundo político se ha dicho que el enojo del subsecretario obedece a no haber sido informado oportunamente de lo que pasaba, fuentes de La Moneda han insistido en señalar que en realidad el alto funcionario sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en Palacio ese viernes, cuando las autoridades negociaban intensamente con los familiares de los huelguistas. ¿Quién tiene la razón? En rigor, ambas versiones.

Miembros del equipo de Aleuy estuvieron al tanto de lo que ocurría en la reunión en que, la mañana del viernes 29, el ministro del Interior, Mario Fernández, y la jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet, Ana Lya Uriarte, recibieron a los familiares de los huelguistas. Una cita en la que los representantes del Gobierno fueron golpeados por la decisión del juez de Garantía de Temuco, Mauricio Torres, quien rechazó la solicitud de Interior de rebajar a los comuneros la medida cautelar de prisión preventiva (ver página 6). Con ello se venía abajo la estrategia de La Moneda de intentar desactivar la huelga consiguiendo que los imputados pudieran volver a sus domicilios. Entonces, empezaba a esbozarse la posibilidad de que el Ejecutivo hiciera lo que hasta el día anterior aseguraba que no haría: pedir la recalificación del delito.

La primera advertencia fue antes de viajar

El rechazo de Aleuy a esa salida era algo que tenían claro todos los que en La Moneda se habían involucrado directamente en el manejo del caso. En efecto, cuando el miércoles 28 se resolvió apostar a rebajar las cautelares, también se concordó que ese era el límite máximo que el Gobierno podía ceder. El mismo subsecretario habló el tema con Ana Lya Uriarte antes de viajar a Buenos Aires. En esa conversación -aseguran distintas fuentes- sabiendo que vendría la reunión con los familiares de los huelguistas, fue explícito en afirmar que, si se resolvía acoger la demanda de retirar la calificación de terrorismo, eso echaría abajo todo lo obrado desde su repartición para enfrentar el caso del ataque al templo evangélico, un hecho que por su gravedad (el atentado se produjo habiendo fieles, incluidos niños, al interior del recinto) impactó fuertemente al país en 2016. Tal diálogo fue la primera advertencia del hombre fuerte de Interior respecto de su posición, pero también de las consecuencias que un cambio de postura tendría para su permanencia en el cargo.

La segunda advertencia fue la que se produjo desde Buenos Aires. No existe claridad respecto del momento exacto, pero habría sido durante la tarde, cuando ya la Presidenta manifestaba su inclinación a ceder frente a los huelguistas, impactada por la visita de los familiares, quienes (incluida hasta la guagua de uno de los comuneros) habían vuelto a Palacio para reunirse con ella. Ana Lya Uriarte se comunicó entonces con el director jurídico del Ministerio del Interior, Luis Correa Bluas, cercano colaborador de Aleuy y quien lo acompañaba en Buenos Aires. Este, a su vez, transmitió lo que pasaba en Chile al subsecretario, quien al conocer la información encendió un cigarro y transmitió el mensaje para Uriarte: como la Presidenta, él también tenía claro lo que debía hacer, tras haber sido desautorizado así.

Regresa a Santiago con la decisión tomada

Horas más tarde, el ministro del Interior daba a conocer oficialmente el cambio de postura del Gobierno, después de una jornada de intensas emociones en Palacio, donde la propia Presidenta -según el relato de los familiares- empatizó con estos y les manifestó que, si bien no estaba en sus manos el tema de la libertad de los huelguistas, sí se jugaría por sus vidas.

Esa medianoche -y luego de haberse reunido con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad argentina- Aleuy ya se encontraba de vuelta en Santiago. La decisión de renunciar estaba tomada.

Para quienes tuvieron contacto con el subsecretario ese viernes fue una sorpresa que el tema no trascendiera a la prensa durante ese fin de semana, ni que los medios percibieran la crisis que se incubaba en Palacio. Eso, aunque la situación se agravó el sábado, con la publicación de la entrevista dada por el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, a "El Mercurio", en la que este criticó la Operación Huracán -el operativo en que Carabineros detuvo a ocho presuntos implicados en atentados y planes para quemar camiones en La Araucanía-, acusando "efectismo comunicacional" en un operativo avalado por Interior. El asunto enredó más las cosas: no solo un ministro aparecía inmiscuyéndose y cuestionando decisiones de otra cartera, sino que, al tratarse de un militante comunista, introducía el factor político, junto en momentos en que el PC enfrenta un impasse con el PS -el partido de Aleuy- a propósito de los apoyos en la campaña senatorial.

Ana Lya Uriarte recibe el daño colateral

Pero aunque muchos critican el hecho de que Barraza no recibiera desautorización pública, es otra la interrogante que durante esta semana ha recorrido los pasillos de Palacio. ¿Por qué, si el subsecretario fue tan explícito en advertir su oposición y las consecuencias que para su permanencia en el Gobierno tendría ceder a la presión de los huelguistas de hambre, La Moneda apareció apostando a minimizar la situación, e incluso hubo trascendidos que aseguraban que todo lo obrado había sido en coordinación con Aleuy? Las respuestas apuntan al segundo piso y, más concretamente, a Uriarte. En reserva, son varias las voces en el Ejecutivo que cuestionan a la jefa de gabinete. Concretamente, se preguntan si aquilató y transmitió en toda su gravedad las advertencias del subsecretario más poderoso del Gobierno, y si por ende la Presidenta contaba con un cuadro acabado de la situación al momento de resolver, o si solo vino a tenerlo cuando el lunes se hizo público el malestar del alto funcionario.

El desencuentro tiene alcances especiales: hasta ahora, la relación entre Uriarte y Aleuy era estrecha y con raíces en el tiempo, pues se conocen desde que ambos militaban clandestinamente en la Izquierda Cristiana, en la década de 1980. La jefa del gabinete presidencial solía ir varias veces al día al despacho de Aleuy, y muchos en el Gobierno los veían como una dupla afiatada y pragmática, una suerte de contrapeso a la influencia de que goza el director de Políticas Públicas, Pedro Güell, más preocupado de las cuestiones ideológicas y del legado de la administración. Asunto que ya habría ocasionado tensiones en Palacio.

Con chaqueta, pero sin reemplazante

En cualquier caso, el lunes las señales del subsecretario de Interior fueron rotundas. Llegó más tarde a La Moneda (a las 10:30) y ordenó suspender la reunión del comité policial. En la tarde, se retiró más temprano. Antes, y a través de Claudia Hernández, la secretaria de la Presidenta, había pedido audiencia con esta, la que se concretó el martes.

Como se ha informado, a esta cita Aleuy llegó llevando redactada la carta con su renuncia. En la conversación, contrariamente a la impresión que se formó cuando se lo vio dirigirse a las oficinas presidenciales, el funcionario estuvo siempre con chaqueta: uno de sus colaboradores la había trasladado previamente; el punto es sutil, pero indicativo de su respeto por la autoridad presidencial. El diálogo no habría profundizado en los episodios que antecedieron a la renuncia, sino que tuvo un carácter más bien prospectivo, analizando lo que viene hacia futuro y los efectos de una salida del subsecretario. Algunos en el mundo político aseguran que la Jefa de Estado le habría dicho derechamente que no tenía cómo reemplazarlo. En cualquier caso, en la conversación se llegó a la fórmula del feriado legal, bajo el compromiso de zanjar a la vuelta de vacaciones. Eso sí, quienes han estado posteriormente con Aleuy enfatizan que, si bien la carta con la dimisión no fue finalmente entregada, la renuncia no ha sido hasta ahora retirada.

Lo anterior no significa que el subsecretario -quien al cierre de esta edición se aprontaba a viajar al extranjero- no pueda terminar quedándose. De hecho, ha recibido una fuerte presión en ese sentido, de la que han sido expresión las declaraciones de la Presidenta el miércoles, cuando aseguró que "él no me ha presentado ninguna renuncia"... lo que formalmente es verdadero, dada la no entrega material de la misiva.

 Equipo del subsecretario continúa por ahora operando en Interior

"Aleuy ha sido el ministro de la coyuntura; si vuelve, solo será un subsecretario".

La frase, de un inquilino de La Moneda, grafica uno de los dilemas que enfrenta el hasta ahora hombre fuerte de Interior. Su sentido de Estado y respeto a la figura presidencial podrían terminar pesándole, al punto de retirar definitivamente su dimisión. Sin embargo -admiten distintas fuentes en Palacio-, de regresar, lo haría inevitablemente dañado y con menos poder del que detentaba, lo que a su vez puede afectar de modo importante su gestión.

De partida, advierten quienes lo conocen, sería muy difícil que un Aleuy post retorno pudiere seguir llevando el tema de La Araucanía, luego de haber sido desautorizada su política en esa materia.

Tampoco es claro que en ese escenario, lo que era una relación privilegiada con la Presidenta seguiría igual. De hecho, un funcionario de gobierno hace notar cómo ella, aparte de destacar su trabajo, se ha preocupado también de enfatizar que "él tiene muy claro quién es el Presidente, quién es el subsecretario o ministro".

Por ahora, todo el equipo de Aleuy continúa trabajando en Interior. La agenda de la subsecretaría incluye desafíos importantes: desde los temas de seguridad en el transporte de valores hasta la visita del Papa en enero próximo, con el megadespliegue de seguridad y logística que ella demandará. De hecho, la magnitud de esas tareas, la dificultad de formar nuevos equipos para asumirlas y el escaso tiempo que resta para el fin del gobierno son razones que -estiman algunos- podrían terminar pesando en favor del regreso.

¿Qué pasó en Buenos Aires?La decepción argentina:

"La expectativa se evaporó en los primeros cinco minutos", publicó el diario "La Nación", de Buenos Aires, para graficar el supuesto desencanto de las autoridades trasandinas luego de la reunión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Aleuy. Esto, porque el subsecretario chileno no solo no entregó a la funcionaria nuevos antecedentes sobre la eventual ligazón entre las acciones violentistas vinculadas a demandas mapuches en ambos países, sino que tampoco aceptó recibir la carpeta de antecedentes que la ministra quería entregarle.

La situación, sin embargo, tiene una explicación: antes del viaje, el subsecretario hizo consultas al Ministerio Público chileno y este advirtió que cualquier antecedente que no se hiciera llegar al país por la vía judicial correría el riesgo de ser invalidado por la justicia como medio de prueba.

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