Caso Hontou: fiscales de Argentina y Uruguay difieren sobre responsabilidad penal de los que iniciaron el contagio

Caso Hontou: fiscales de Argentina y Uruguay difieren sobre responsabilidad penal de los que iniciaron el contagio

En Argentina se inició una causa de oficio para analizar la actuación irresponsable de dos mujeres que iniciaron el contagio en Chaco. En Uruguay, denuncia de vecinos no prosperó.

¿Actuar con irresponsabilidad y provocar un contagio masivo puede ser considerado un delito? En Argentina, los fiscales entienden que sí, y por ese motivo los fiscales federales Patricio Sabadini y Federico Carniel presentaron este martes a la jueza Zunilda Niremperger, de la provincia del Chaco, un «requerimiento de instrucción».

Este martes murió la segunda persona en esa provincia, que elevó a seis los decesos en Argentina. Los contagios en el Chaco comenzaron a partir de una pediatra de 71 años y su hija (docente universitaria) que regresaron de Europa y realizaron una vida normal, en plena epidemia de coronavirus.

«La hipótesis de la investigación judicial es que las dos no podían desconocer el peligro que generaba haber vuelto de Europa y que así y todo no se ‘protocolizaron’. De allí surge el dolo eventual. La pregunta es: ¿tenían capacidad de saber el peligro de sus acciones para la salud pública? Para los fiscales, sí».

En Uruguay, el caso más parecido es el de Carmela Hontou que participó de un casamiento con 500 invitados al regresar de Europa donde había manifestado síntomas. Sin embargo, para los fiscales uruguayos no hay razón para una actuación de oficio, y no dan mérito a la gravedad de las infracciones incurridas de cara a la lesión del bien jurídico salud pública.

La única causa que investiga a Hontou es la que presentaron sus propios vecinos, después de que se confirmó su diagnóstico positivo, por considerar que violó la cuarentena y expuso a sus vecinos a contraer la enfernedad.

Hontou, de 57 años, declaró que viajó a Madrid y que su destino final era Milán, Italia, pero que desistió de continuar al desencadenarse los contagios masivos en la zona norte italiana. En Madrid estuvo varios días con fiebre y volvió a Montevideo el 7 de marzo. Ese mismo día fue a una peluquería, almorzó con su madre y por la noche asistió a un casamiento donde participaron 500 personas.

Los especialistas entienden que en la fiesta ya estaba contagiando Covid-19 a quienes compartían la mesa y a cada persona con quien tuvo contacto estrecho.

El 13 de marzo se confirmaron los primeros cuatro casos, y Carmela fue uno de ellos. Diez días después había más de 150 casos confirmados y centenas en observación.

«No hay elementos de prueba»

Para la justicia uruguaya, que investiga la denuncia por presunta violación de cuarentena de Hontou, hasta el momento, no hay elementos de prueba que permitan sostener que la diseñadora de modas haya violado la cuarentena de catorce días.

Esta conclusión se desprende de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno a cargo del doctor Alejandro Machado. Fuentes judiciales confirmaron a LA REPÚBLICA que sí está acreditado que la mujer abandonó su apartamento «una única vez» y fue para ser atendida en un hospital particular. El traslado, se agregó, se efectuó con todos los recaudos y medidas de seguridad necesarias.

Hontou fue denunciada por personal del edificio donde vive, en las inmediaciones del puerto del Buceo, por violar la cuarentena que debe cumplir tras haber sido notificada que tiene el Covid-19, el que, al parecer, habría contraído en el exterior, durante su estadía en España, el segundo país más afectado en Europa por la pandemia, con más de dos mil muertos.

La Fiscalía General de la Nación investiga otros casos de presunta violación de la cuarentena. El Fiscal de Corte Jorge Díaz dijo que a partir del 13 de marzo «tenemos disposiciones claras, contundentes y su violación, si causa daño, ingresaría dentro de la hipótesis del artículo 224».

Artículo 224

El artículo 224 del Código Penal, sobre daño por violación de las disposiciones sanitarias, establece que «el que mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza causare daño a la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión».

«Será circunstancia agravante especial de este delito si del hecho resultare un grave perjuicio a la economía nacional», agrega la normativa.

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