Cancillerías de Francia y Chile se enfrentan por asilo concedido a Palma Salamanca

Cancillerías de Francia y Chile se enfrentan por asilo concedido a Palma Salamanca

Desde La Moneda interpretaron el tono de las declaraciones en París como una forma de molestia ante la dureza con que se ha manifestado desde Santiago el rechazo al refugio político.

Un día después de que el Presidente Sebastián Piñera enviara una carta a su par francés, Emmanuel Macron, en la que le solicitó que revirtiera la decisión de la Ofpra (Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas) de otorgar asilo al exfrentista Ricardo Palma Salamanca -sindicado como autor material del asesinato de Jaime Guzmán en 1991, y del secuestro de Cristián Edwards-, la cancillería francesa se refirió al caso.

Ayer, el ministro Jean-Yves Le Drian, al ser consultado por la petición de Chile de cancelar el asilo al exintegrante del FPMR, aludió a la dictadura chilena.

"El caso de Ricardo Palma Salamanca se refiere a la historia de Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Es en este contexto que la Ofpra ha dictaminado de manera independiente, en el marco de la legislación francesa, sobre la solicitud de asilo presentada. La justicia francesa también ha sido incautada de una demanda de extradición de Palma Salamanca emitida por el juez chileno. El Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores no comenta sobre los procedimientos en curso", dijo.

La declaración encendió las alarmas inmediatamente en el Gobierno, donde consideraron "erróneas" las palabras de la cancillería francesa por "confundir fechas". Incluso, interpretaron el tono de la declaración como "duro" y como una respuesta al tajante rechazo del Gobierno de Chile.

Defensa a la democracia

Horas más tarde, tras una serie de análisis en la Cancillería, se decidió emitir un comunicado precisando los hechos.

Así, desde Chile señalaron que "el asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz se produjo el 1 de abril de 1991" y que "luego de un procedimiento ajustado a derecho y al debido proceso llevado a cabo por los tribunales de justicia chilenos en forma independiente, el señor Ricardo Palma Salamanca fue condenado por su participación en calidad de autor material del delito de atentado terrorista con resultado de muerte del senador".

En el comunicado de Cancillería se precisa, además, que "la sentencia se dictó el 27 de enero de 1994" y que "se condenó al señor Palma Salamanca como coautor del delito de asociación ilícita terrorista y secuestro terrorista de Cristián Edwards del Río, hecho ocurrido el 9 de septiembre de 1991". Además, se recalca que Palma Salamanca se fugó de la cárcel en 1996.

En esa línea, se enfatiza explícitamente la defensa a la democracia en el país. "Tanto los hechos criminales perpetrados por el señor Palma Salamanca como su posterior enjuiciamiento y condena tuvieron lugar una vez restablecido el orden democrático en Chile", se indica.

Más adelante se vuelve a destacar la idea: "El Gobierno de Chile manifiesta enérgicamente que en Chile existe, y existía al producirse los acontecimientos que se describen, un régimen plenamente democrático y un Estado de Derecho plenamente vigente. El Poder Judicial de Chile requirió la extradición del señor Palma Salamanca, transmitida a las autoridades francesas con fecha 21 de marzo de 2018, proceso que seguirá en curso".

En La Moneda reconocen que desde un principio sospecharon que en Francia se podía ver el caso de Palma Salamanca "contaminado" con lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet, y que fuera visto como una "víctima de las circunstancias".

Por eso, añaden las mismas fuentes, fue el propio Presidente Piñera, en la reunión bilateral que sostuvo el mes pasado con Macron, quien le recalcó que la extradición de Palma Salamanca era importante para el Estado de Chile, pues el crimen ocurrió en plena democracia.

En esa misma instancia, el mandatario le insistió a su par que en Chile se respetan todas las garantías internacionales tanto en el debido proceso como en el cumplimiento de la pena.

Altas fuentes de Palacio detallaron que en esa conversación entre ambos mandatarios quedó de manifiesto que la Ofpra es un organismo independiente. De todos modos, agregan, se abordó la posibilidad de que esa oficina entregara el asilo. Ante ese escenario, afirman, Piñera le habría recalcado la necesidad de que Macron pudiese ejercer su facultad y pedir una revisión de la entonces eventual decisión.

Estrategia

Con todo, en el Ejecutivo avizoran distintas maneras de destrabar el caso. Dicen que el contacto directo que han mantenido los gabinetes de ambos mandatarios y las cancillerías ayudaría a aquel objetivo. Incluso, dicen estar a la espera de alguna declaración del propio Macron. Durante la mañana de ayer, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, había insistido en la posibilidad de que Francia revoque el asilo.

En paralelo, se explica en Palacio que el proceso de extradición continúa, pues el asilo no lo haría jurídicamente incompatible.

En el Gobierno, en tanto, defienden que la relación bilateral entre Chile y Francia es sólida y recalcan, por eso, que el hecho no debiese afectar de forma negativa.

Sorpresa

Las declaraciones de la cancillería francesa generaron diferencias en el Parlamento. Desde la UDI, el senador Juan Antonio Coloma dijo que la declaración le pareció "sorprendente e impropia de la rigurosidad francesa".

Desde RN, el timonel Mario Desbordes comentó que "la cancillería francesa está muy desinformada o actúa de mala fe. Francia, que ha sido víctima del terrorismo, no puede tener esa actitud". En Evópoli, el jefe de bancada de los diputados, Luciano Cruz-Coke, precisó que Francia, con su declaración, dice que "en Chile no hay Estado de Derecho". "Un absurdo total", dijo.

En la oposición, en tanto, el excanciller y líder del PPD, Heraldo Muñoz, subrayó que "la cancillería francesa tiene una lamentable confusión histórica". En cambio, desde el Partido Comunista, el jefe de bancada, Daniel Núñez, defendió a Francia. "Esto es un cuestionamiento a la lógica de la transición en Chile que se pacta con el dictador. Uno ve que hay dudas razonables respecto de la imparcialidad de justicia".

Javiera Martínez & Eduardo Monrroy

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