Botadero de 52 hectáreas de minera Los Pelambres en suelo argentino provoca conflicto entre la entidad y Cancillería

Botadero de 52 hectáreas de minera Los Pelambres en suelo argentino provoca conflicto entre la entidad y Cancillería

La empresa afirma que cumplió con los permisos de las autoridades chilenas, que le señalaron que estaba en territorio nacional y que son los estados los que tienen que solucionar el tema. Pero en el Ministerio de RR.EE. dicen que es un conflicto "entre privados".

El botadero de la minera chilena Los Pelambres, que se extiende por más de 50 hectáreas en la provincia trasandina de San Juan ha creado un intenso conflicto entre la Cancillería y los ejecutivos de la entidad.

El complejo escenario que se ha creado por esta situación, ha sido abordado por las autoridades trasandinas e incluso entre el ministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz y su par trasandino en la última cumbre del Mercosur, en Mendoza.

 En Los Pelambres -minera de Antofagasta Minerals, del grupo Luksic- aumenta la preocupación por un conflicto que se arrastra hace tiempo, pues la justicia argentina lleva adelante dos causas, una civil y una penal, interpuestas por Pachón -empresa filial de Glencore- contra la empresa chilena, lo que amenaza a sus ejecutivos.

 El botadero se inició luego de su aprobación por parte de autoridades chilenas en 2004 y cesó su funcionamiento en 2011.

Según consta en las actas del Senado argentino, del 14 de septiembre de 2016, la Cancillería de ese país planteó que "en 2011, la compañía operadora de la minera El Pachón (Glencore) denunció que Los Pelambres había depositado escombros en sus terrenos, acumulando aproximadamente 50 millones de toneladas de material en una superficie de 51 o 52 hectáreas".

La situación se agrava debido a las posiciones que mantienen enfrentadas a la entidad y a la Cancillería, pues la minera afirma que lo ocurrido no es de su responsabilidad, pues actuaron con los planos que le entregó el Instituto Geográfico Militar (IGM) y que son los estados los que deben zanjar la situación.

Pero desde el Gobierno aseguran que se trata de un problema entre privados.

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