Bajo presión

Bajo presión

Organizaciones de derechos humanos participarán hoy en Montevideo en una sesión de seguimiento sobre el caso de la dirigente argentina Milagro Sala en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esa instancia pedirán

Organizaciones de derechos humanos participarán hoy en Montevideo en una sesión de seguimiento sobre el caso de la dirigente argentina Milagro Sala en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esa instancia pedirán

que la líder de la organización Túpac Amaru sea liberada o enviada nuevamente a prisión domiciliaria, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la CIDH en julio, o que se envíe el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a fin de que adopte medidas contra el Estado argentino.

La de hoy será la primera sesión de seguimiento desde que Sala volvió a la prisión de Alto Comedero, el 14 de octubre, en lo que la CIDH definió en un comunicado como un ―retroceso‖ que podría justificar el envío del caso a la Corte IDH. En una conferencia de prensa realizada en Montevideo, Alejandro Garfagnini, actual coordinador nacional de Túpac Amaru, dijo que van a exigirle al gobierno de Mauricio Macri la liberación de Sala y a manifestarle que el resultado electoral favorable al oficialismo en las legislativas del domingo ―no significa que no cumplan ni con la Constitución ni con los tratados internacionales que Argentina ha firmado y que sistemáticamente el gobierno nacional está violando desde hace dos años.

Garfagnini consideró que la CIDH ―tiene que ser muy dura con este no cumplimiento de Argentina con respecto al caso de la dirigente social, que está en una situación ―psicológica y físicamente muy delicada‖ porque ―el nivel de presión y hostigamiento es tremendo.

Por su parte, en nombre del Parlasur, institución para la cual Sala fue electa aunque nunca pudo asumir su cargo porque fue detenida, el diputado del Movimiento de Participación Popular Sebastián Sabini manifestó su rechazo al incumplimiento de la medida cautelar de la CIDH, consideró que el gobierno de

Macri ―ha diseñado una Justicia a su medida para imponer un Estado represivo y opinó que ―por su liderazgo social, Sala es una presa política.

 

En una conferencia en la que hubo casi una decena de oradores, y en la que estuvo presente la vicepresidenta, Lucía Topolansky, Aníbal Ibarra participó en representación del Comité por la Libertad de Milagro Sala. ―Expresa claramente la realidad actual de Argentina el hecho de que tengamos que venir a reclamar a  Uruguay por el cumplimiento de una medida cautelar de la CIDH‖, destacó Ibarra.

Consideró que Sala es víctima de una persecución ―que no sólo busca destruir a la  Túpac, sino también destruir emocionalmente a todos los compañeros‖. Otro de los integrantes de esta organización, Eduardo Tavani, planteó que el Poder Judicial de  Jujuy está cooptado por el poder político y económico y que Sala es incómoda para el gobierno porque ―respeta la realidad y les grita en la cara con la verdad. Tavani dijo a la diaria que para el Comité por la Libertad de Milagro Sala ―la única

respuesta‖ que puede lograr ―es la intervención de los organismos internacionales. Consideró que en Argentina, ―la situación va a agravarse cuando los conflictos  afloren y eso seguramente termine con un Estado cada vez más autoritario.

Por su parte, Ibarra destacó que las condiciones en las que se aplicó la prisión domiciliaria a Sala no tienen antecedentes ni siquiera en los casos en los que este beneficio fue otorgado a ―los peores genocidas condenados por los peores delitos‖.

Consultados acerca del impacto que puede tener la victoria electoral del domingo sobre la postura del gobierno, Tavani consideró que ―hay una tendencia de ensoberbecimiento por parte del gobierno‖, pero agregó que confía mucho en ―la unidad del pueblo‖ en el reclamo. ―Puede ser que ellos redoblen la apuesta, esto no es sólo una cuestión económica, hay un proyecto de cambio cultural que dependerá de nosotros que tenga éxito o fracase‖, agregó.

Ibarra, por su parte, añadió que el poder público argentino, incluido el Poder Ejecutivo y el Judicial, no evalúan la detención de Sala de acuerdo con su legalidad, sino en función de ―si les sirve o no para un proceso electoral o el proyecto político que tienen‖. Además, consideró que hay que tener en cuenta que, por ahora, ―no están pagando un costo político por lo que están haciendo‖, por lo cual ―hay que ser más inteligentes‖, recurrir a las herramientas que haga falta y ―volver a generar un proyecto de poder que entusiasme‖ porque ―ellos van por todo. Por último, tanto Ibarra como Tavani lamentaron encontrarse nuevamente luchando por la liberación de una ―presa política‖ cuando el año que viene se cumplen 35 años del fin de la dictadura.

 

 

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