Argentina se echa a la calle en contra de los intentos de expropiación de «Vicentín» de Alberto Fernández

Argentina se echa a la calle en contra de los intentos de expropiación de «Vicentín» de Alberto Fernández

Alberto y Cristina Fernández quieren estatizar Vicentín una de las principales cerealeras de Argentina. Los argentinos comparan el caso con el de YPF a Repsol. Alberto Fernández: «No me preocupa el banderazo, es gente que está confundida»

Bandera, lo que se dice bandera, en Argentina sólo hay una: la del país. Eso explica que, en manifestaciones por las causas que se consideran nacionales, el gentío enarbole la albiceleste y bautice las concentraciones como «banderazo». El presidente Alberto Fernández, en apenas siete meses de Gobierno, ya ha tenido el suyo y no por una causa menor. La intervención y el anuncio de expropiación de Vicentín, empresa agroexportadora lider, unió a miles de argentinos que, rompiendo un confinamiento de tres meses, salieron a las calles a protestar.

«El peor enemigo de un Gobierno corrupto es un pueblo oculto», «No a la expropiación», «Esto es Argentina, no Cuba», «Fin del virus, no de la economía», «Si alguna vez les fallo, salgan a la calle» (frase del discurso de investidura de Fernández). Las imágenes de televisión retransmitían los carteles contra el Gobierno y sus comparaciones con el régimen de Venezuela o Cuba se sucedían. Kilómetros de vehículos en las carreteras a golpe de claxon hacían recordar aquellas autovías tomadas por agricultores en lo que se llamó la guerra del campo con la que, prácticamente, estrenó su primer gobierno Cristina Fernández de Kirchner en 2008.

Alberto Fernández, además de la pandemia parece tener un bautismo de fuego similar al que tuvo su actual vicepresidenta. El presidente no parece entender el mensaje de las movilizaciones del campo y de las ciudades (en más de 70 distritos). El mismo sábado por la noche, con el eco de las voces y las bocinas, declaró a la emisora de radio «El destape»: «Creo que es gente confundida… Sigo buscando los caminos para que el Estado se haga cargo de Vicentín».

Su pulso por la conquista de la empresa que, a fines del pasado año, entró en concurso de acreedores, sufrió un revés previo a las manifestaciones. La decisión de imponer un equipo de interventores fue revocada por el juez Lorenzini que ordenó reponer en su puesto al consejo de administración y respetar los estatutos de la firma que intenta salir a flote. El juez redujo el papel de los interventores al de «veedores controladores».

Héctor Vicentín, nieto del fundador de la empresa que lleva su apellido y trabajador de la misma, resumió, «la gente siente que le están robando la libertad… El Gobierno lo que quiere es dominar el comercio de granos», aseguró.

En la provincia de Santa Fe, en la localidad de Avellaneda (internacional por la película Luna de Avellaneda), donde se levanta este gigante agroindustrial de Argentina, las imágenes, los carteles y los testimonios de los manifestantes se sucedían y de nuevo se establecía otra comparación, la intervención y posterior expropiación de YPF a Repsol que terminó costándole miles de millones a la Argentina y el aislamiento total. En éste caso, en el segundo Gobierno consecutivo de Cristina Fernández. El presidente explicó en la radio que el objetivo es hacerse con «el 51 por ciento de las acciones de Vientín».

«Cuando los que gobiernan pierden la vergüenza, el pueblo pierde el respeto», «Para Cristina, cárcel ya!!!», «Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla», «Democracia=Justicia». La variedad de leyendas en los carteles desplegados por Argentina expresaba un malestar que va más allá de las políticas oficiales. La sociedad, atrapada en una cuarentena que comienza a hacerse insoportable (Argentina tiene un millar de muertos y más de 40.000 contagios desde marzo), asiste confinada en sus casas a una crisis económica que no toca fondo y a un país, técnicamente, en cesación de pagos. La mayoría de la industria y las empresas están cerradas mientras se aprovecha «el secuestro colectivo», en palabras de un abogado, para liberar corruptos presos del régimen del matrimonio Kirchner.

El caso que levanta más ampollas es el de Amado Boudou. El ex vicepresidente de Cristina Kirchner, condenado por quedarse con la imprenta de papel moneda de curso legal. Boudou, un emblema de los años de latrocinio kirchnerista, fue beneficiado con el arresto domiciliario y recibirá una pensión de privilegio gracias a Carlos Zannini, ex compañero de celda acusado de traición a la patria por su presunta complicidad en el encubrimiento de los autores al atentado a la AMIA, por el difunto y presumiblemente asesinado, fiscal Alberto Nisman. Zannini hoy, es el procurador general de la Nación, puesto equivalente al de Dolores Delgado y como en España, depende de quien depende.

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