Argentina negocia su deuda con el FMI con una crisis económica a cuestas

Argentina negocia su deuda con el FMI con una crisis económica a cuestas

Los términos bajo los cuales se está negociando el acuerdo con el organismo internacional profundizan las diferencias internas dentro de la coalición de gobierno, entre restricciones o un mayor gasto.

Argentina es un país en el que si te vas de viaje por veinte días, al volver parece que todo cambió, pero si te vas de viaje por veinte años, al regresar te das cuenta de que, en realidad, no cambió nada.

Esa frase anónima, que intenta resumir el eterno recorrido circular del país, está más vigente que nunca. Si bien desde hace décadas se suceden bruscos giros políticos y económicos, Argentina siempre parece regresar, tras esas parábolas, al punto de inicio. Esa historia de retorno perpetuo tiene su ejemplo más evidente en la relación del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La larga cronología de acercamientos y rupturas con el organismo de crédito multilateral pareció tener un punto de quiebre a comienzos de 2006. Por entonces, el presidente Néstor Kirchner decidió, pese a su retórica de confrontación, cancelar en forma anticipada y en un solo pago la deuda de 9,810 millones de dólares que Argentina mantenía con el FMI.

El objetivo explícito de aquella medida era evitar los clásicos condicionamientos que el organismo impone a las políticas fiscales y monetarias de los países deudores, restricciones que Argentina había sufrido como nunca antes en la mega-crisis de 2001.

Sin esas limitaciones y con mayores ingresos por el alza del precio de las materias primas agrícolas, el gobierno de Néstor Kirchner y luego el de su sucesora Cristina Fernández fueron lanzando medidas que implicaron una fuerte expansión del gasto público.

Si bien buena parte de esas partidas se dirigió a dar cobertura a sectores vulnerables de la población, otra porción considerable se destinó a subsidiar a los segmentos de ingresos altos mediante, por ejemplo, el congelamiento del valor de las tarifas de electricidad, gas y agua o del costo de los pasajes aéreos, medidas que se extendieron por más de una década. Con eso, el gasto en subsidios económicos pasó del 0.8% del PIB en 2006 a más del 4% en 2015.

Ese derroche de recursos dirigido a sectores no necesitados dio como resultado un vertiginoso deterioro de las cuentas públicas. Pese al incremento de la presión tributaria, Argentina pasó de un superávit fiscal primario del 3.7% del PIB en 2005 a un déficit del 3.8% en 2015. Agotado ese proceso económico, el gobierno de Mauricio Macri intentó reducir en forma gradual el rojo fiscal heredado mientras iba financiando los desequilibrios con la toma de deuda.

Entre 2016 y 2017, Argentina emitió deuda por unos 50,000 millones de dólares, lo que transformó al país en el mayor emisor de bonos durante ese bienio entre los emergentes. Esa riesgosa estrategia voló por los aires a comienzos de 2018, cuando los inversores salieron en masa de los mercados emergentes y dejaron a Argentina al borde de una nueva cesación de pagos ante la repentina falta de financiamiento.

Frente a esa situación crítica, el país completó otra de sus historias circulares: Macri acudió de urgencia al FMI y accedió a un préstamo extraordinario de unos 57,000 millones de dólares, el mayor en la historia del organismo. Si bien solo se alcanzó a desembolsar el 80% del crédito, Argentina se convirtió en el mayor deudor del FMI con 44,000 millones de dólares.

Diferencias internas
Dado que las mayores obligaciones con el organismo empezarán a vencer a partir de 2022, el gobierno de Alberto Fernández le dio prioridad en el primer año de su gestión a la reestructuración de la deuda con los acreedores privados. Cumplido ese objetivo en agosto de 2020, el foco pasó a estar puesto en alcanzar un nuevo programa con el FMI.

Sin capacidad para pagar casi 50,000 millones de capital e intereses concentrados entre 2022 y 2024, el gobierno argentino busca alcanzar un Acuerdo de Facilidades Extendidas que permita estirar los plazos de pago en 10 años, además de lograr cinco años de gracia para recién después empezar a pagar el capital de la deuda.

A cambio, el ministro de Economía Martín Guzmán, discípulo del Premio Nobel Joseph Stiglitz, ofrece una reducción gradual del déficit fiscal primario, que el año pasado fue del 6.6% del PIB. Esa hoja de ruta incluye un ajuste a las ya magras jubilaciones, fuertes límites a los gastos asociados con la pandemia y un aumento de las tarifas de servicios públicos para reducir el monto de los subsidios, entre otros recortes.

No obstante, los términos bajo los cuales se está negociando el acuerdo vienen profundizando las diferencias internas dentro de la coalición de gobierno. Con las elecciones parlamentarias de medio término fijadas para noviembre, el sector que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández se niega a aceptar las exigencias del FMI y presiona para que el gobierno se endurezca en las negociaciones o bien postergue un eventual acuerdo para después de los comicios.

Dos años después de resignar su candidatura presidencial a manos de Alberto Fernández dado los altos niveles de rechazo que generaba su figura en buena parte de la población, Cristina Fernández conserva todavía una alta cuota de poder en torno al rumbo del gobierno. En ese marco, su negativa a aceptar las restricciones fiscales viene trabando las negociaciones.

Lejos de las limitaciones presupuestarias que impondría un acuerdo con el FMI, Cristina Fernández pretende impulsar el gasto público en los próximos meses. Sin otra fuente de financiamiento disponible ante la falta la falta de acceso del país a los mercados internacionales de deuda, esa expansión fiscal debería ser cubierta con más emisión monetaria.

"Mientras en el mundo hay cuestiones de teoría económica que están zanjadas desde hace décadas, en Argentina se sigue insistiendo con que, por ejemplo, una elevada emisión monetaria no genera inflación", dice Fernando Baer, economista senior de la consultora Quantum Finanzas, en Buenos Aires. "Gran parte de la recurrencia de Argentina a caer en los mismos problemas se debe a que parte de un mal diagnóstico".

Con escaso capital político propio, el presidente Alberto Fernández se encuentra tironeado entre las exigencias de mayor dureza planteadas por el sector mayoritario de la coalición de gobierno y las urgencias de una economía endeble. Aunque recién el año próximo comenzarán a vencer las obligaciones más fuertes con el FMI, antes de que termine el 2021 Argentina deberá pagarle al organismo unos 4,000 millones de dólares entre capital e intereses. Sin un acuerdo que postergue esos vencimientos, el gobierno debería apelar a las escasas reservas netas del Banco Central, que rondan apenas los 5,300 millones de dólares.

Frente a esos márgenes cada vez más estrechos, Alberto Fernández emprendió a comienzos de mayo una gira por Europa en busca del apoyo de los gobiernos de España, Francia, Italia y Portugal, además del respaldo del Papa Francisco.

Con eso, no solo busca fortalecerse en las negociaciones con el FMI, sino también solicitar la refinanciación del vencimiento por 2,400 millones de dólares que Argentina tiene con el Club de París, una entidad conformada por un grupo de países desarrollados que presta dinero a las naciones con problemas financieros. Argentina deberá pagar el 30 de mayo; de no hacerlo, empezarán a correr desde esa fecha 60 días de gracia. De incumplirse el pago en ese período, el país incurriría en un nuevo default de su deuda.

En medio de tantas incertidumbres, la economía argentina está lejos de encontrar una salida a su eterno laberinto. Tras el derrumbe del 9.9% del PIB en 2020, se esperaba para este año una vigorosa recuperación.

Sin embargo, la lentitud con la que avanza el proceso de vacunación contra el COVID-19 —al 23 de mayo solo el 19.3% de la población había recibido una dosis y apenas el 5.3% el esquema vacunatorio completo— está obligando al gobierno a imponer nuevas restricciones ante el incremento de los contagios.

Con eso, las proyecciones de crecimiento para este año se vienen recortando a la baja y ahora rondan el 5.5%. A eso se suma una inflación que no cede: en los últimos doce meses el índice general de precios acumuló un incremento del 46.3%, con subas aún mayores en alimentos. Son impactos que siguen golpeando sobre un cuadro social alarmante que presenta al 42% de la población con ingresos por debajo de la línea de la pobreza.

"Argentina fue un país muy próspero a mediados del siglo pasado cuando tenía una economía autárquica, cerrada, proteccionista y desvinculada del mundo", dice el consultor en negocios internacionales Marcelo Elizondo, en Buenos Aires.

"Queda esa nostalgia por volver a aquellos años, pero eso es imposible porque el mundo cambió". Entre las añoranzas de aquel pasado y las urgencias del presente, el gobierno de Alberto Fernández negocia a contrarreloj un acuerdo con el FMI. De lograrlo o no, dependerá que Argentina vuelve a cerrar otro de sus círculos.

www.prensa.cancilleria.gob.ar es un sitio web oficial del Gobierno Argentino