Amnistía denuncia la "represión" de la Policía de Colombia y el "paramilitarismo urbano" contra manifestantes en Cali

Amnistía denuncia la "represión" de la Policía de Colombia y el "paramilitarismo urbano" contra manifestantes en Cali

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este viernes la "represión violenta" sufrida por los manifestantes en la ciudad colombiana de Cali en el marco de las protestas antigubernamentales, que han convertido a este punto en el "epicentro" de "torturas, detenciones ilegales y paramilitarismo urbano"

En su informe 'Cali: En el epicentro de la represión', la organización ha evidenciado el uso "excesivo e ilegítimo" de armas letales contra los manifestantes, como gases lacrimógenos, así como arrestos y numerosas formas de violencia que son "reflejo" de "cientos de denuncias" de los afectados.

La capital del departamento del Valle del Cauca ha sido escenario del "modus operandi" que se ha llevado a cabo a lo largo del territorio colombiano en el marco del denominado Paro Nacional a través de intensas jornadas de movilizaciones para reivindicar al Gobierno justicia social y mejoras en el país, así como para clamar contra la represión ejercida por la fuerza pública.

"Las autoridades colombianas violaron los Derechos Humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas"; ha apuntado al respecto la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

Asimismo, ha criticado que "bajo la justificación del restablecimiento del orden", cientos de personas sufrieron "lesiones terribles" y decenas de jóvenes perdieron la vida en las concentraciones en la ciudad.

"Lo acontecido en Cali es la manifestación de la respuesta violenta de las autoridades y los verdaderos objetivos detrás de esta represión: infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo", ha lamentado.

Según ha precisado Amnistía Internacional, Cali es el centro de una de las regiones más golpeadas por el conflicto interno y caracterizada por la "desigualdad, la exclusión y el racismo estructural", lo que ha sido el "detonante" para que concentre el mayor numero de protestas.

Esto ha llevado, a su vez, a que sufra más violaciones de Derechos Humanos durante las manifestaciones multitudinarias que arrancaron en el país sudamericano desde el 28 de abril, ha aseverado la organización, que ha incidido en que hasta la fecha las autoridades colombianas "continúan restringiendo el derecho a la protesta pacífica".

Amnistía ha verificado de forma "exhaustiva" material audiovisual que recoge el uso "excesivo" de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional, en concreto, del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que ha sido cuestionado por distintas organizaciones y la comunidad internacional por su acción en el estallido social colombiano.

Igualmente, la organización ha documentado actos de paramilitarismos urbanos cometidos por civiles armados, quienes, como ha ahondado, "acompañaron a los agentes de la Policía Nacional". "Con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los Derechos Humanos", ha detallado.

SILOÉ, LA MINGA INDÍGENA Y UNIVERSIDAD DEL VALLE
El informe se ha centrado en el análisis de tres acontecimientos que acumularon diversos casos de violaciones de Derechos Humanos en Cali, la denominada 'Operación Siloé', el ataque contra la Minga Indígena, y la represión en un barrio aledaño a la Universidad del Valle.

La organización ha apuntado al uso de "armas letales contra manifestantes pacíficos" en una incursión de la Policía y el ESMAD el 3 de mayo en la comuna de Siloé, lo que se saldó con tres muertos por arma de fuego, entre ellos el joven Kevin Agudelo, además de cientos de heridos y detenidos de forma arbitraria.

En este evento se recurrió al uso de gases lacrimógenos incluso contra manifestantes pacíficos "que no tenían por donde dispersarse", ha matizado Amnistía, para incidir en que no se trataron de hechos "aislados", si no de la línea de acción de las autoridades "con estigmatización, criminalización, represión policial ilegal y militarización".

El ataque contra la Minga Indígena por parte de civiles armados en presencia de policía el 9 de mayo ha sido otro de los sucesos analizados por Amnistía, que ha recordado que hasta once personas indígenas resultaron heridas en este incidente, entre ellas la activista Daniela Soto.

El tercer caso destacado por la organización ha sido lo ocurrido el 28 de mayor en un barrio cercano a la Universidad del Valle, donde la Policía uso "fuerza excesiva en coordinación con civiles armados" para atacar a manifestantes, dejando una decena de jóvenes golpeados y detenidos por los grupos armados que se encargaron de "entregarlos" a las autoridades.

Entre estos, habrían estado los jóvenes Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, que han denunciado haber sido también "torturados" durante esas detenciones ilegales.

Por otro lado, la organización ha condenado la orden del presidente colombiano, Iván Duque, del 28 de mayo, cuando decretó la militarización de varias ciudades del país. "Lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas al mandar a las calles cuerpos militares con más de seis décadas de formación para el conflicto armado", ha censurado.

También ha hecho referencia al anuncio del mandatario del 19 de julio, día en el que presentó públicamente "el proceso de transformación integral de la Policía Nacional" que, según indicó, "tiene como sus pilares la priorización del enfoque de Derechos Humanos".

A pesar de este anuncio, Amnistía Internacional ha asegurado que el 20 de julio recibió reportes de agentes del ESMAD "haciendo uso ilegal de la fuerza" durante las protestas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, resultando en varias personas manifestantes heridas.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
En el informe, Amnistía Internacional ha remarcado también las recientes observaciones de la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha llamado al Estado a cumplir con sus recomendaciones, así como a cooperar con no obstaculizar la labor del recientemente creado Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia de este organismo.

Al mismo tiempo, ha instado a las autoridades colombianas a dar "con prontitud" una orden "inequívoca" de detener la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad, con la "interdicción del uso de armas letales como medio de dispersión de multitudes y el uso de gases lacrimógenos contra reuniones pacíficas o de forma que implique un riesgo de causar daños excesivos e injustificados".

También, ha urgido a iniciar investigaciones" diligentes, independientes e imparciales" sobre las violaciones de derechos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional, concretamente, en la ciudad de Cali y los casos presentados en el informe.

En el contexto de su investigación sobre las protestas, Amnistía Internacional ha recordado, además, que el 12 de julio solicitó información sobre los tres casos documentados en el informe al Ministerio de Defensa, la Dirección General de la Policía Nacional y la Fiscalía de Colombia.

"El 23 de julio el juez 158 de Instrucción Penal Militar envío su respuesta con información sobre investigaciones iniciadas bajo esa jurisdicción.

A 23 de julio, fecha de cierre del informe, no se recibió respuesta de las demás autoridades", ha afeado.

Ante estos eventos, la directora de Amnistía Internacional para las América ha sentenciado que espera que el proceso de reforma policial anunciado por el presidente Duque "no sea solo una promesa de papel", sino que incluya las reformas ordenadas por el Tribunal Supremo de Justicia en septiembre de 2020 y un "cambio en el modus operandi represivo" de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas.

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