América Latina es la región de mayor retroceso en derechos humanos

América Latina es la región de mayor retroceso en derechos humanos

Venezuela, Nicaragua, Cuba, México y Brasil son los países más afectados por la represión a las libertades públicas, persecución de disidentes, feminicidios y ataques a homosexuales. Bolivia sigue en retroceso en DDHH

La Declaración Universal de Derechos Humanos, texto fundador del derecho internacional, celebró ayer su 70.º aniversario, empañada por los abusos a los derechos de los migrantes, de las mujeres y los disidentes por el ascenso de los gobiernos autoritarios, los nacionalismos y los ataques a las instituciones multilaterales.

América Latina aparece como una de las regiones de mayor retroceso en materia de derechos humanos con Venezuela, Nicaragua, Cuba, México y Brasil como los países donde más se violan las libertades y los derechos fundamentales.

La alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, advirtió de que el sistema mundial “que dio cuerpo a la visión de la Declaración Universal se ve erosionado poco a poco por los gobiernos y los responsables políticos que cada vez se centran más en intereses nacionalistas y estrechos”.

El panorama de los derechos humanos en América Latina es preocupante en algunos países de la región.

Venezuela de Maduro

Venezuela, gobernada por Nicolás Maduro, atraviesa la peor situación en materia de derechos humanos en los últimos 30 años, según informes de ONG que han sido replicados por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos.

En los últimos años, más de 2 millones de venezolanos se han visto obligados a dejar su país, un hecho que, según dijo a Efe el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, refleja que “hay un contexto de ausencia de democracia” y “un retroceso en materia de derechos civiles y políticos”.

A ello se suma “la peor situación de pobreza y de exclusión en las últimas décadas” que explica la crisis migratoria.

Nicaragua de Ortega

Nicaragua vive un 2018 marcado por la llamada “insurrección cívica” antigubernamental. Organismos humanitarios han computado hasta ahora entre 325 y 545 muertos -29 niños entre ellos-, 1.315 personas “secuestradas” por la Policía y paramilitares, 610 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, 4.533 heridos y más de 25.000 exiliados.

El Gobierno de Daniel Ortega tan solo reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”, y niega que en Nicaragua haya presos políticos.

Tanto la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional responsabilizaron al Gobierno de cientos de muertos, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, mientras el Gobierno de Ortega asegura que el país “está normal”.

Cuba, sin libertades

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado reiteradamente la falta de libertades civiles en Cuba, el único país comunista de América, donde solo es legal el gobernante Partido Comunista, los únicos medios de comunicación permitidos son los estatales y el derecho de asociación está estrictamente regulado.

Los presos políticos se cifran en unos 120 -a los que el Gobierno cubano no reconoce como tales- y en lo que va de año se han producido cada mes más de 200 detenciones temporales arbitrarias.

Bolivia, en riesgo

Bolivia tiene pendiente el esclarecimiento de las desapariciones durante las dictaduras militares. En 2017, el Gobierno boliviano creó la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de las dictaduras de 1964 a 1982, incluida la desaparición del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Tras la muerte en abril pasado del dictador Luis García Meza (1980-1981), las familias de las víctimas expresaron su temor de que los crímenes ocurridos en ese periodo permanezcan impunes.

Además, están los retrocesos en materia de libertad de prensa, encarcelamiento o exilio de disidentes políticos al Gobierno de Evo Morales, la trata y tráfico de personas, el incremento de los feminicidios y de los crímenes violentos vinculados al narcotráfico.

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