Agresión a la Embajada

Agresión a la Embajada

Editorial

La gravedad de lo ocurrido requiere reconocer, investigar y asumir las fallas a la oportuna protección de la sede diplomática de Argentina, para evitar que se pudiera repetir una situación que no tiene precedentes.

 

Indignación generalizada ha causado la irrupción y destrucción causada por la violencia de un grupo de manifestantes en la Embajada de la República Argentina en Santiago. Alrededor de quince vándalos encapuchados se desprendieron de un centenar de manifestantes que protestaban por la muerte del ciudadano argentino Santiago Maldonado, en el sur del país trasandino. Se habían reunido en el Parque Bustamante y en la Plaza Italia, para luego alterar el orden público y el tránsito en las calles aledañas. Finalmente irrumpieron en esa embajada, ingresando a su antejardín, provocando destrucción en sus instalaciones, agrediendo a un funcionario extranjero y a un carabinero, con serios riesgos para la seguridad de los residentes y personal diplomático.

 

Con el país y el pueblo argentino confluyen lazos únicos, prioritarios y preferentes en las relaciones internacionales de Chile: valores y principios compartidos, una extensa frontera, cada día más instrumental para el progreso de ambos pueblos; recíprocos aprecios, cooperaciones fraternas y eficaces, manifestadas desde los albores de la independencia, densificadas a lo largo de la historia común, de incalculables proyecciones futuras. La fructífera convivencia y los sólidos entendimientos alcanzados han permitido aprovechar la vecindad en mutuo beneficio y sortear los desencuentros, preservando siempre la paz y los superiores intereses de las dos naciones. El lamentable incidente se estrella con esos atributos y logros inalterables y los revaloriza en su extrema trascendencia.

 

Por la especial importancia de esos vínculos, tratándose de la residencia del embajador argentino, cobra especial relevancia el cumplimiento del compromiso adquirido por el Estado chileno. Le corresponde adoptar todas las medidas apropiadas para proteger la inviolabilidad de las misiones diplomáticas extranjeras. La protección se extiende a cualquier intrusión, daño o riesgos que amenacen a su seguridad o que afecten a su dignidad. Se trata de una obligación internacional muy precisa, observada mundialmente, adquirida y permanentemente respetada por Chile, como signatario de la Convención de Viena. No hay precedente de violación semejante de sede diplomática acreditada en el territorio nacional, considerando los terrenos que atravesaron los violentistas, los daños provocados y los peligros que experimentaron los funcionarios y residentes de esa embajada.

 

Es práctica internacional exigir distanciamiento de las manifestaciones frente a las embajadas y anexos, prevenir e impedir aquellas hostiles en sus inmediaciones y, a solicitud del Jefe de Misión, autorizar a las fuerzas encargadas del orden público para detener y expulsar a quienes hayan ingresado ilegalmente a esas instalaciones. No es exigible ni posible custodia policial de todas las embajadas y residencias de diplomáticos, pero ante la evidencia de acciones hostiles, inminentes o en curso, las autoridades están obligadas a cumplir debidamente con su deber de protección, de manera oportuna, pronta y eficaz

 

Las autoridades han debido ir más allá de lo evidente, del repudio que merece este ataque, de la solidaridad con quienes han sufrido la violencia y el peligro, y de la solidez de las relaciones y lazos con la República Argentina. La gravedad de lo ocurrido requiere reconocer, investigar y asumir las fallas a la oportuna protección de la sede diplomática, para evitar que se pudiera repetir una situación que no tiene precedentes.

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