Acuerdo de Escazú: Argentina y México lo ratifican

Acuerdo de Escazú: Argentina y México lo ratifican

Recientemente, Argentina y México depositaron cada uno su respectivo instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en el mes de marzo del 2018. Breve análisis sobre los alcances de este decidido apoyo de ambos Estados a la consolidación de la democracia ambiental en América Latina.

Acuerdo de Escazú: a propósito del reciente depósito del instrumento de ratificación realizado por Argentina y México

Argentina y México depositaron cada uno el 22 de enero del 2021 su instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en el mes de marzo del 2018: de manera a saber cuáles son los diez Estados que ya lo habían hecho antes de Argentina y de México, remitimos a nuestros estimables lectores al estado oficial de firmas y ratificaciones de Naciones Unidas.

En las líneas que siguen, analizaremos lo que conlleva este tablero oficial de Naciones Unidas para el futuro de la democracia ambiental que se construye en América Latina y en el Caribe, no sin antes recordar algunos conceptos básicos del derecho internacional público en materia de tratados, a saber que:

- para que un tratado multilateral sea ratificado, mediante el depósito oficial del instrumento de ratificación en Naciones Unidas (usualmente por parte del Poder Ejecutivo), debe ser primero aprobado (usualmente por el Congreso de un Estado);

- para que un tratado sea aprobado por el Poder Legislativo de un Estado, debe primero ser firmado (un acto que recae en el Poder Ejecutivo);

- para que este tratado sea vigente, no es sino una vez reunidas una cierta cantidad de ratificaciones (cuyo número es fijado por el mismo tratado), que se contabiliza un plazo de tiempo (también determinado por el texto de un tratado) para fijar jurídicamente la entrada en vigor del tratado como tal.

El tener en mente estos conceptos permite visualizar de manera mucho más precisa el estado en el que se encuentra el Acuerdo de Escazú al iniciar este 2021 y el alcance de las ratificaciones de Argentina y de México.

Breve puesta en contexto

Como se recordará, este tratado regional es el resultado de nueve rondas de negociaciones realizadas entre el 2014 y el 2018 bajo los auspicios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas), las cuales contaron con el activo protagonismo de Chile y de Costa Rica.

El nombre completo del Acuerdo de Escazú, abierto desde el 26 de setiembre del 2018 a la firma de 33 Estados de América Latina y del Caribe (véase texto completo de su versión oficia

en español) es : "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe".

En la literatura jurídica especializada (Nota 1), se considera que fue una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay la que constituyó la primera piedra de un largo proceso que culminaría tan solo en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú. Al contrastar esta lista del 2012 con la de los primeros diez Estados en ratificar este instrumento, varias ausencias evidencian la poca consistencia de algunos y su falta de compromiso con el fortalecimiento de la democracia ambiental en la región.

En efecto, desde el pasado 22 de enero Argentina y México se suman a diez Estados que habían ratificado anteriormente este instrumento regional, y que incluyen, en América Latina, únicamente a Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Uruguay.

Con relación a las 24 firmas registradas, es de señalar que las actuales autoridades chilenas persisten en su negativa a tan siquiera firmar el Acuerdo de Escazú, siendo el caso de Chile el más estridente e inconsistente jamás observado (Nota 2).

Una fecha de entrada en vigor que se precisa

Más allá de las inconsistencias de unos y de otros, el depósito de ambos instrumentos de ratificación era esperado por la región de América Latina y del Caribe, al permitir fijar de manera exacta la fecha de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú: la cual se cuenta tres meses después del 22 de enero, al registrarse el número de ratificación número once.

La duda puede persistir sobre cuál fue la ratificación número once permitiendo la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, y es muy probable que Argentina y México coordinaron sus agendas para realizar el depósito de su respectivo instrumento de ratificación el mismo día en Nueva York: una señal clara e inequívoca de estos dos Estados en favor de la consolidación de una democracia ambiental en la región. El Acuerdo de Escazú entrará oficialmente en vigor el próximo 22 de abril del 2021 (véase nota oficial de su depositario), una fecha en la que se conmemorará a nivel internacional, el Día Mundial de la Tierra. Con el cambio de administración reciente en Estados Unidos, es muy probable que este 22 de abril sea objeto de iniciativas diversas en foros multilaterales en materia ambiental, y hay que saludar la visión de los aparatos diplomáticos de Argentina y de México en la escogencia del 22 de enero.

Nótese que los aparatos diplomáticos de cuatro otros Estados se esmeraron también en su trámite de aprobación, de manera a depositar su instrumento de ratificación en Naciones Unidas justo al cumplirse el primer año desde la apertura a la firma de este tratado, el 26 de setiembre del 2019: Bolivia, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay.

Foto extraída de nota de prensa titulada "En abril entra en vigor el Acuerdo de Escazú y Colombia sigue sin ratificarlo"", Semana (Colombia) edición del 25/01/2021

Escazú ... sin Costa Rica

Habíamos tenido la oportunidad, en el caso de Costa Rica, de referir a los repentinos argumentos circulados por diversas cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, dados a conocer a partir de octubre del 2020, y que, según todo pareciera indicar, han surtido efecto en algunos sectores (Nota 3).

Cabe precisar que ni en el caso de Argentina, como tampoco en el de México, ni en el de ninguno de los demás Estados que ya ratificaron este instrumento internacional, se mencionó durante el trámite de su aprobación el efecto para las finanzas de la justicia que - supuestamente - conlleva el Acuerdo de Escazú: un verdadero "hallazgo" del Poder Judicial de Costa Rica y utilizado por la Sala Constitucional en dos ocasiones, con un único magistrado (de siete) advirtiendo en sus dos votos salvados su total desacuerdo con el razonamiento y el proceder (algo originales) de la Sala Constitucional (Nota 4).

Con la segunda decisión de la justicia constitucional costarricense de agosto del 2020 (véase texto completo de la sentencia 15523-2020), se deberá retrotraer todo el procedimiento de aprobación, iniciado por la Asamblea Legislativa en febrero del 2020 con una aprobación unánime obtenida en primer debate.

El creciente malestar en Costa Rica

El magistrado Paul Rueda de la Sala Constitucional, en esta segunda sentencia de la Sala, indicó en su voto salvado (cuya lectura completa recomendamos) que:

"Con lo anterior se evidencia, que la postura de la mayoría viene a desconocer estas potestades de la Asamblea y el trámite establecido por interna corporis. A partir de los argumentos expuestos, considero viable que el Plenario consulte al Poder Judicial, subsane la omisión y continúe con el debido procedimiento legislativo, como ocurrió en el sub examine. La tesitura contraria, escogida por la mayoría de la Sala, redunda en un evidente atraso en el trámite parlamentario del proyecto “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)”.

La posición de este magistrado hace ver que sí se podía evitar retrotraer todo el procedimiento de aprobación, pero que la mayoría de sus colegas se inclinaron por dificultar un poco más la tramitación del Acuerdo de Escazú, modificando la jurisprudencia de la misma Sala en este preciso ámbito.

Ahora bien, para reiniciar nuevamente el trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo deberá incluir el Acuerdo de Escazú en la lista de proyectos de ley remitidos al Congreso para su conocimiento.

Pese a reiterar la importancia del Acuerdo de Escazú por parte de los delegados de Costa Rica durante la última reunión de Estados signatarios realizada en Antigua y Barbuda en diciembre del 2020 (véase nota de la CEPAL y video con los discursos oficiales), resulta oportuno mencionar que en la convocatoria a sesiones extraordinarias que enlista los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo costarricense, no aparece el proyecto de aprobación del Acuerdo de Escazú: véase listado en esta nota de prensa del 27/11/2020 . Ese mismo día, una nota de prensa se tituló de manera muy justa “Pese a dar respaldo, Gobierno excluyó Acuerdo de Escazú de convocatoria a sesiones extraordinarias” (programa radial de Amelia Rueda): una diputada no dudó en calificar de verdadera “vergüenza” tal omisión por parte del Ejecutivo (véase audio incluido en esta nota de prensa del medio CRC891).

Cabe señalar que la Municipalidad de Palmares adoptó recientemente un acuerdo municipal de manera unánime exigiendo a las autoridades nacionales la pronta aprobación del Acuerdo de Escazú (véase texto completo del acuerdo municipal con fecha del 11/01/2021 comunicado a la Presidencia de la República el 18/01/2021): una valiosa iniciativa ciudadana, desde el poder local y que posiblemente interese a organizaciones ecologistas (y a muchas otras municipalidades).

Desde una perspectiva no tan local sino internacional, la ausencia que exhibe Costa Rica es bastante llamativa, en particular si se considera el liderazgo en materia ambiental y en materia de derechos humanos a nivel internacional del que tanto se precian sus autoridades. En ese sentido, hay que recordar que las autoridades costarricenses firmaron, al igual que muchos otros Estados, el Acuerdo de Escazú el primer día en que se abrió a la firma de los Estados el texto en Nueva York, el 27 de setiembre del 2018, durante una ceremonia protocolaria prevista para ese efecto. A enero del 2021, Costa Rica forma parte de un grupo de Estados que, pese a haberlo también hecho en aquella fecha, persisten en no ratificarlo, a saber Brasil, Guatemala, Haití, Perú y República Dominicana.

A modo de conclusión
Una verdadera campaña de desinformación ha logrado suspender la aprobación del Acuerdo de Escazú en varias latitudes del continente americano (en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú). Así como en Costa Rica, en la que fue antecedida por una lectura, en nuestro parecer bastante errada (Nota 5) de la Sala Constitucional que vino a complicarla significativamente, cambiando incluso su jurisprudencia anterior con relación a subsanar vicios de procedimiento por parte de la Asamblea Legislativa.

Con relación a precitada campaña de desinformación, en una nota anterior señalábamos lo inédito que resulta observar la ausencia de Chile y de Costa Rica en la lista de Estados que han ratificado este valioso acuerdo regional (Nota 6):

"Esta campaña de argumentos falaces y (hasta fantasiosos en algunos casos) puede ahora incluir un dato real (e insólito): a casi tres años desde su adopción en Escazú, los dos principales promotores del Acuerdo de Escazú no lo han ratificado".

En el caso de Colombia, el asesinato de líderes ambientales y comunitarios recientemente objeto de un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto completo de su comunicado del 22/01/2020) evidencia la urgente necesidad de establecer un marco protector como el que, por vez primera en un tratado ambiental internacional, ofrece a los defensores ambientales, el Acuerdo de Escazú.

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