Acertada decisión sobre el Acuerdo de Escazú

Acertada decisión sobre el Acuerdo de Escazú

El gobierno confirmó el martes pasado la decisión de no ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, conocido como Acuerdo de Escazú, en referencia a la ciudad costarricenses donde se suscribió en marzo de 2018.

Hace dos años, La Moneda había decidido postergar la firma del documento a la espera de una revisión más acuciosa sobre los alcances del pacto, un hecho que en su momento despertó críticas de algunos sectores, porque Chile había sido junto a Costa Rica uno de los impulsores de la iniciativa, y las negociaciones se habían iniciado precisamente durante la administración anterior del Presidente Sebastián Piñera. Pero ante la cercanía del plazo final para que los 22 países firmantes ratificaran el acuerdo –fijado para el 26 de septiembre pasado- se resolvió definitivamente mantenerse al margen.

Según el gobierno, la decisión se sustenta en el hecho de que los términos finales del articulado del documento son “ambiguos” y dan espacio a interpretaciones que pueden afectar y alterar nuestra legislación interna, generando incertidumbre jurídica. Todo ello no solo dificulta su cumplimiento, sino que abre la puerta a una creciente judicialización de los asuntos ambientales. Además, “implica una afectación grave en materia de soberanía y en asuntos fundamentales para el desarrollo”, según el canciller. Esto porque uno de los puntos más cuestionados es el referido a la solución de controversias, donde se establece que cualquier país que adhiere al tratado puede llevar a otro que también lo haya hecho a la Corte Internacional de Justicia o a un arbitraje en la medida que la disputa no se haya solucionado por la vía de una negociación bilateral.

El acuerdo, cuyo origen está en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable de 2012, busca “garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. Además, apunta a potenciar la cooperación entre las partes para asegurar “el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano”. En líneas generales, se trata de objetivos valiosos, pero ello no quita que los términos finales del documento resulten inconvenientes. El hecho de que hasta ahora solo 10 de los 22 países firmantes se hayan comprometido a ratificarlo dentro del plazo establecido da cuenta de que no existe un consenso amplio sobre el acuerdo. Los riesgos advertidos por el gobierno parecen ser en parte compartidos por administraciones de muy diverso signo político.

A la luz de esas consideraciones parece prudente que el gobierno haya optado por abstenerse de ratificar el tratado, aunque sorprende que no se haya alertado con más tiempo sobre esos problemas, considerando que nuestro país fue un actor clave en el inicio del proceso. Con todo, la realidad es que en sus características actuales el acuerdo deja demasiados espacios a la interpretación, y sus efectos pueden terminar poniendo en riesgo los objetivos que el propio tratado busca garantizar. Por lo demás, varias de sus disposiciones ya están contenidas en nuestra legislación interna.

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